El Principado seguirá dando asistencia a los «sin papeles» en centros de salud y hospitales

Los inmigrantes que residan en Asturias de forma irregular continuarán viendo atendidas sus «necesidades de salud» tanto en los centros de salud como en los hospitales dependientes del Principado. Así lo anunció ayer el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, tras mantener una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos y asociaciones científico-profesionales.

Blanco apeló a razones «de humanidad» y negó que esta decisión suponga un desafío o una insumisión a lo estipulado en el real decreto ley de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno central. Según la norma impulsada por el PP, «los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España» sólo recibirán asistencia sanitaria «de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica». Esta restricción no incluye ni a las embarazadas ni a los menores de 18 años.

Pilar Quintana, miembro del colectivo Asturias Acoge, cifró en «menos de 4.000 personas» el contingente de residentes en Asturias de forma ilegal. Y matizó que se trata de «las personas más jóvenes, más sanas y las que menos utilizan los servicios», razón por la cual la ley del Gobierno de Mariano Rajoy «no tiene una gran repercusión económica en toda España, y para Asturias implicaría un ahorro mínimo».

«Hemos ejercido nuestra responsabilidad en el marco de interpretación de la norma», argumentó el titular de Sanidad, quien apostilló que «no estamos buscando trampas ni triquiñuelas, ni tampoco estamos estableciendo un nuevo derecho». Blanco agregó que lo que no admite interpretación alguna es que los inmigrantes sin papeles, a partir del próximo 31 de agosto, ya no dispondrán de tarjeta sanitaria ni podrán beneficiarse de la financiación pública de los medicamentos.

En este último aspecto, Blanco señaló que su departamento y las organizaciones no gubernamentales comprometidas con los inmigrantes trabajarán en la búsqueda de alternativas que permitan a los extranjeros en situación irregular acceder a las medicinas que precisen.

El Consejero traducirá el consenso alcanzado ayer con los colectivos profesionales y de derechos humanos en una instrucción que hoy será oficial y que mañana mismo entrará en vigor. El anterior Gobierno regional había cursado órdenes a sus servicios administrativos para que denegasen la tarjeta sanitaria a todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que careciesen de autorización de residencia. Los responsables sanitarios del Ejecutivo de Álvarez-Cascos habían puesto de relieve las dificultades a la hora de interpretar la nueva normativa, lo que los llevó a plantear una serie de dudas al Ministerio de Sanidad. No consta si hubo respuesta. En todo caso, el gabinete de Cascos planteó un recurso al real decreto ley 16/2012 «por invadir competencias propias de la comunidad autónoma».

Ayer mismo, Mercedes Fernández, presidenta regional del PP, anunció que pedirá por carta al Gobierno de Javier Fernández que retire los recursos presentados por el anterior Gobierno -ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, respectivamente- contra las leyes que recortan los servicios sanitarios y educativos, así como las partidas destinadas a los fondos mineros. Entre tanto, Faustino Blanco señaló que el nuevo Gobierno socialista «será respetuoso, pero también llegará a donde pueda llegar».

El titular de Sanidad incidió en que el decreto ley del Ejecutivo central pone en riesgo no sólo a los inmigrantes irregulares, sino también a su entorno, y añadió que en la práctica obligaría a los profesionales de la sanidad pública «a decidir quién tiene derecho a asistencia y quién no», con la consiguiente generación de inseguridad. «Temporalmente, mientras no haya otro desarrollo normativo, y para evitar situaciones de incertidumbre, daremos respuesta a las necesidades concretas», indicó el Consejero.

Los representantes de los colectivos que ayer se reunieron con el consejero -Elena Fernández Ardisana, de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias; Pablo Pérez Solís, de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC); José Fernández, de Médicos del Mundo; Pilar Quintana, de Asturias Acoge, y Amelia González, de SOS Racismo- se mostraron muy críticos con la restricción de derechos sanitarios a los inmigrantes. Pilar Quintana llegó a hablar de una norma que transmite «un mensaje ideológico y político para que los españoles y españolas se coman entero el modelo sanitario».

En relación con la supuesta negativa del Ministerio de Sanidad a practicar abortos a inmigrantes sin papeles, Faustino Blanco declinó efectuar valoraciones hasta conocer la realidad de la propuesta, pero avanzó su rechazo a «una concepción ideológica» de la interrupción del embarazo.

De otro lado, LA NUEVA ESPAÑA ha podido saber que Celia Gómez, ex directora general de Planificación e Innovación Sanitaria de la Junta de Andalucía, se perfila como nueva gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Celia Gómez, asturiana, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y ha desempeñado varios cargos de responsabilidad tanto en Asturias como en Andalucía. En el Principado trabajó en el Hospital de Jove, en Gijón.