Madrid, Efe

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado los «sacrificios» que conlleva la reforma sanitaria aprobada ayer por el Gobierno en que permitirán a este servicio público «salir de este tiempo de crisis económica» y permanecer «en el futuro».

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la «sostenibilidad» y «universalidad» de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones.

Entre las medidas aprobadas destaca el «copago» farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

Mato ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que además de garantizar la universalidad de la sanidad para «todos los españoles» es necesario poner coto a la utilización «ilegal» e «indebida» que hacen algunos extranjeros de este servicio.

La Ministra ha anunciado que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería, de modo que se exigirá como requisito a los inmigrantes que además de estar empadronados coticen a la Seguridad Social, al igual que cualquier ciudadano español para recibir esta asistencia.

La reforma incluye el control del denominado «turismo sanitario» y «fraudulento», mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.

Para ello, se añadirá un artículo que faltaba en la transposición de esta directiva, que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los ciudadanos comunitarios.

Todas estas medidas, ha apuntado la Ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la sanidad.

Por otra parte, el decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma y que, según el Gobierno, «seguirán siendo gratuitas».

En cuanto al copago farmacéutico, Mato ha reconocido que es «un sacrificio importante para los pensionistas» y ha confesado que al Gobierno no le «gustaría haber tenido que tomar esa decisión», si bien «servirá para que la sanidad pública siga siendo viable». «No hemos tenido más remedio que hacerlo», ha remachado.

La titular de Sanidad ha mantenido su compromiso de que no habrá «copago» sanitario, por lo que la asistencia en España seguirá siendo gratuita, y ha pedido a los ciudadanos un «esfuerzo» a la hora de asumir estas medidas.

Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han comparecido para informar sobre las manifestaciones convocadas para el próximo día 29. Méndez ha pedido a los ciudadanos que salgan a la calle porque «con la sanidad y la educación no se juega», una opinión que también ha expresado Toxo, quien ha arremetido contra aquellos que tratan de minimizar esta medida con frases «poco ocurrentes» y «despreciativas» hacia la sociedad.

Desde las filas del PSOE, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha asegurado que la «injusticia» es «la firma más clara» de las políticas adoptadas por Rajoy, puesto que todas las decisiones que ha tomado hasta ahora «golpean» a las familias de la clase media.

«Hay que poner coto al uso ilegal de la sanidad que hacen algunos extranjeros»

<Ana Mato >

Ministra de Sanidad