25 de junio de 2012
25.06.2012

«¿Y quién va a decirle que no se le atiende? Desde luego, el médico no», afirma el SIMPA

La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Asturias habla de «un verdadero torpedo en la línea de flotación» del Sistema Nacional de Salud

25.04.2012 | 05:36

Oviedo / Madrid, P. Á. / Agencias


Los inmigrantes ilegales se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre. ¿Y a partir de entonces? Según el real decreto publicado ayer, sólo serán atendidos en situaciones de urgencia, por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto. Sin embargo, los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.


El secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, advirtió de que «va a ser muy difícil de poner en práctica esta normativa». «Cuando una persona reclama asistencia, el médico tiene que prestársela. Muchas veces no se puede determinar a priori qué situación es aguda y urgente y cuál no lo es. Además, ¿quién va a decidir si un paciente tiene o no tiene derecho a ser atendido? ¿Quién es el que va a dar la cara? Desde luego, no va a ser el médico quien le diga que no», enfatizó Matador.


A juicio del presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo, la nueva norma va a convertirse en «una fuente de conflictos y problemas». Toranzo agregó que los servicios de urgencias no están preparados para atender a estos pacientes que «tienen unas necesidades sanitarias» diferentes a las prestaciones que suelen atenderse en este servicio.


Carlos Ponte, presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Asturias (ADSPA), sostiene que la presente reforma «es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública». Según Ponte, el copago farmacéutico exigido a los pensionistas significa «culpabilizar a nuestros mayores del gasto en este capítulo, eximiendo a la industria, a los responsables políticos o a los prescriptores». La ADSPA considera que «la inclusión del transporte sanitario y las ortoprótesis, o la nueva clasificación de las prestaciones sanitarias ("básicas", "suplementarias" y "accesorias") no parecen tener otra finalidad que abrir la puerta a fórmulas de exclusión (como se ha empezado de forma mezquina por los inmigrantes sin papeles) y la ruptura de la universalidad».

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