España sufre un elevado fracaso escolar -el 26 por ciento de jóvenes ni siquiera llega a concluir la escolarización obligatoria y conseguir la titulación básica-, y una importante tasa de abandono escolar temprano: un 28,4 por ciento de los jóvenes que obtiene el título de Secundaria no prosigue estudios, cuando la media europea es justamente la mitad, 14,4 por ciento. En cuanto a los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, informe PISA 2009, España ocupa el puesto 26 de los 34 estados miembros de la OCDE y sólo el 3 por ciento de los alumnos españoles obtiene resultados sobresalientes.
Y estos malos resultados contrastan con la elevada inversión en educación. España está por encima de la media de los países más industrializados en dotación educativa: es el octavo país con más gasto por alumno en la escuela pública, 9.833 dólares frente a los 8.146 de la UE y los 8.027 de la OCDE. Sin embargo se logran unos resultados muy inferiores, lo que pone de manifiesto que la enorme inversión en educación ha sido ineficiente, ya que no ha servido para que nuestros estudiantes progresen en conocimientos y resultados.
El problema del sistema educativo español no es de recursos, sino de modelo. Ha llegado el momento de centrarnos en la mejora de la calidad para salir de la situación de estancamiento, e incluso de retroceso, de nuestro sistema educativo. La reforma que pretendemos desde el Partido Popular busca la calidad y la excelencia en la formación en todas las etapas educativas. Queremos una reforma que mejore el nivel de conocimiento de los estudiantes, que garantice la igualdad de oportunidades para todos con independencia de su situación personal, económica o social y que permita a cada estudiante alcanzar el máximo de sus competencias y habilidades.
Para alcanzar estos objetivos el primer cambio que necesita la educación española es un cambio de mentalidad. Es indispensable volver a promover el esfuerzo, el mérito, la responsabilidad, la satisfacción por el trabajo bien hecho, el gusto por aprender y el respeto a la figura del profesor.
Precisamente los docentes van a ser protagonistas destacados de estas reformas del Gobierno del PP. La calidad del profesorado es un factor clave a la hora de mejorar los resultados de un sistema educativo. Por ello ofreceremos a los docentes una carrera profesional atractiva y las mejores oportunidades, recuperando el prestigio de la profesión. Hay que cambiar el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella, para garantizar la selección de los mejores y que la promoción de los así seleccionados vaya en función de los resultados que cada uno obtenga. Aprobaremos un estatuto del docente, que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, en el que las cosas bien hechas tengan su recompensa y donde se recogerá el reconocimiento del profesor como autoridad pública.
En segundo lugar, dotaremos a los centros de una mayor autonomía organizativa, curricular y de gestión económica, que irá unida a un incremento de la rendición de cuentas. Se trata de dar más margen de acción a los centros para que puedan adaptarse a las necesidades de los alumnos y facilitar que las familias puedan elegir entre centros con especializaciones diferentes.
Precisaremos los conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas. Estas acciones irán acompañadas de la realización de pruebas de evaluación externas a todo el alumnado. Los centros podrán así evaluar el éxito de sus acciones y prestar atención y recursos a las áreas más atrasadas. Sin evaluación e información es muy difícil que las familias puedan ejercer de forma efectiva la libertad de elección de centro y de modelo educativo que les reconoce la Constitución.
El mayor desafío de nuestra educación es reducir la tasa de abandono escolar temprano. Tenemos un sistema educativo que es incapaz de retener a los alumnos, que genera unas cifras de abandono educativo temprano inasumibles. Y esto se explica por su propio diseño: la existencia de un Bachillerato excesivamente corto de duración y de contenidos, y la existencia de una Formación Profesional de grado medio poco atractiva.
Por este motivo vamos a emprender una profunda reforma de la Secundaria dotándola de una mayor flexibilidad. Mantendremos la escolarización obligatoria hasta los 16 años, pero cambiaremos su actual estructura dividiéndola en dos etapas.
La primera, de tres años, será común para todos los estudiantes y les orientará hacia la Formación Profesional o hacia la continuación del Bachillerato. Y la segunda etapa, con un año de duración, será también obligatoria, pero ya constituirá un primer curso de Bachillerato o de Formación Profesional. Siendo la superación de estas dos etapas la condición para la obtención del título de graduado en ESO.
Finalizada la ESO los estudiantes podrán continuar cursando Bachillerato o Formación Profesional con dos años de duración. Esta nueva estructura permitirá que los estudiantes salgan con una mejor preparación, similar a la de los jóvenes de otros países europeos, e incrementamos muy considerablemente las posibilidades de que continúen su formación más allá de las etapas obligatorias.
En la Formación Profesional se dará un mayor protagonismo a las empresas y se basará en la alternancia de la educación en la escuela y el aprendizaje remunerado en las empresas. De esta forma convertiremos a la Formación Profesional en una alternativa atractiva para quienes deseen acceder al mundo laboral más tempranamente.
Proponemos por tanto una ambiciosa reforma del sistema educativo que, a través de la mejora permanente de la calidad, prepare a nuestras futuras generaciones para los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y para un mundo cada vez más complejo y competitivo.
