Oviedo, P. R.

Dice Ana Mato, ministra de Servicios Sociales, que la reforma de la ley de Dependencia trata de «actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado a los cinco años de ponerse en marcha, debido a la falta de control y a un desarrollo normativo repleto de improvisaciones». Esther Díaz, consejera de Bienestar Social del Principado, opina, sin embargo, que «el camino elegido es el de ir desmantelando poco a poco el sistema de protección que se estableció como el cuarto pilar del estado del bienestar».

Subraya José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, responsable de la elaboración de los Observatorios que evalúan semestralmente la aplicación de la ley, que el decreto es «canalla» y se enmarca en el «discurso trampa» de la ministra, «que dice una cosa y luego en el BOE hace otra». Y asegura Alberto Zurrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la ley de la Dependencia en Asturias, que «estamos ante una defenestración del cuidador familiar, sin que por ello se esté penalizando o desmantelando tal figura, sino devolviéndole el carácter excepcional que la ley le confirió desde un inicio».

El Consejo de Ministros aprobará mañana, con toda probabilidad, la reforma de la ley de Dependencia y no se descarta alguna sorpresa, sobre todo relacionada con la Seguridad Social de los cuidadores familiares. En la reunión interterritorial del pasado martes, se acordó estudiar una nueva regulación de este asunto, pero mientras esto se hablaba dentro de la sala, fuera de la misma varios consejeros del PP daban por hecho que los cuidadores familiares no tendrían derecho a la Seguridad social a partir de esta reforma. En Asturias existen 7.809 dependientes atendidos por un familiar, frente a los 3.111 que disfrutan de una plaza geriátrica.

«La ley de la dependencia es el mayor avance en protección social que existe en España en los tres últimos lustros ya que ha conseguido un derecho subjetivo de ciudadanía y ha beneficiado a 750.000 personas en toda España, aunque ha dejado también en el "limbo" a otras 250.000», señala Ramírez.

En Asturias la cifra de beneficiarios se acerca a los 15.000 y la de los que están pendientes de recibir la prestación a los 6.000.

«El Gobierno pone la excusa de la sostenibilidad como pretexto pero si quiere hacer más sostenible el sistema debe dotarlo de financiación suficiente», señala Esther Díaz.

Alberto Zurrón considera que algunas de las nuevas medidas pueden mejorar la aplicación de la ley. Cita, entre ellas, la apuesta por los servicios, en detrimento de los cuidadores familiares. «Desde el momento en que el 90% de la aportación estatal se otorga a las autonomías en función del número de dependientes y el 10% restante se adjudica para las que más nivel de servicios mantengan, con una previsión de equiparación de cinco años, es un soplo de aire fresco al sector residencial del que nos congratulamos, dada la caída en un 15% de los beneficios y ocupación del sector».

En su opinión, «tiene cierto sentido» sumar la renta y el patrimonio del usuario para el copago «cuando el dependiente traslada su residencia al centro geriátrico, pero no cuando la prestación se limita a la atención en centros de día o de noche».

El presidente de la Plataforma asturiana cree que la supresión de los niveles de cada grado «agilizará el cálculo de grado por cuanto la complejidad del sistema residía mucho más en el cálculo del nivel» y, en cuanto a la moratoria hasta el 2015 para incorporar a los dependientes moderados, afirma que «puede parecer una medida antisocial pero se presenta como irremediable». Y añade: «Una de dos: o se inyecta más capital al sistema de dependencia, lo que resulta imposible en el contexto actual, o bien se distribuye la financiación de modo dispar».

Zurrón considera una medida «claramente ahorradora y muy peligrosa» la retroactividad de dos años en el cobro de las prestaciones desde la solicitud de la dependencia porque «la ley fija un plazo máximo de tres meses. Si a ello unimos la elevada tasa de mortalidad que en los dos primeros años desde la solicitud se produce en los grandes dependientes me temo que muchos expedientes se van a archivar».

«Este Gobierno ha hecho un discurso de la ley con el que todo el mundo podría estar de acuerdo, pero la verdadera realidad es que ha habido dos modificaciones de la ley, una para recortar derechos y otra para recortar dinero», afirma José Manuel Ramírez.

«El camino elegido es el de ir desmantelando poco a poco el sistema de protección»

<Esther Díaz >

Consejera de Bienestar Social

«La moratoria para los moderados puede parecer antisocial pero es irremediable»

<Alberto Zurrón >

Plataforma de Afectados