Oviedo, P. R.
El Gobierno del Principado cree que la reforma de la ley del aborto que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «supone una pérdida irrenunciable en la seguridad sanitaria y jurídica de las mujeres profesionales». El portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, afirmó ayer, en su comparecencia semanal tras el consejo de gobierno, que tiene esperanza en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconsidere los cambios y «tenga en cuenta la opinión y experiencia de las comunidades autónomas que, como Asturias, llevan años desarrollando estrategias en el ámbito sanitario y educativo y que han permitido avanzar en la correcta atención de las mujeres».
Alberto Ruiz-Gallardón ya anunció poco después de su toma de posesión que reformaría la ley del aborto, recortándola, pero no fue hasta el pasado fin de semana cuando dijo que eliminaría la malformación del feto como supuesto para poder interrumpir el embarazo. En opinión del Ejecutivo asturiano, de aprobarse esta reforma, supondría «un claro retroceso de derechos sexuales y reproductivos de las españolas».
El Gobierno, que preside el socialista Javier Fernández, «apuesta por el derecho y la libertad de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y afectiva, por la educación afectivo-sexual como medida de prevención de embarazos no deseados y por la responsabilidad pública que garantice con equidad social y territorial el acceso a la interrupción del embarazo».
Asociaciones sanitarias, grupos de mujeres progresistas y feministas, partidos y sindicatos no han ahorrado calificativos a la hora de opinar sobre la propuesta de Ruiz-Gallardón. De «flagrante sadismo incomprensible e intolerable en una sociedad desarrollada» califican la medida las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por su parte, el movimiento feminista, promotor de la campaña por el «Derecho al aborto libre y gratuito», las califica de «hipócritas y perversas».
En una nota de prensa, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera «sorprendente» que Gallardón hable de los derechos de los discapacitados cuando el Gobierno del que forma parte «los ha mutilado de manera inclemente», ha reducido las ayudas a la dependencia y las subvenciones a las entidades que los atiende.
En opinión de este colectivo, Gallardón desconoce muchas de las graves enfermedades que se incluyen en el supuesto de malformación y dan lugar a fetos no viables por presentar lesiones incompatibles con la vida, como por ejemplo la anencefalia. En la Federación se preguntan cómo es posible que se pretenda llevar a término un embarazo de un feto no viable diagnosticado en la primera ecografía.
El movimiento feminista, por su parte, defiende el aborto «libre, gratuito y fuera del Código Penal» y cree que la mejor manera de evitar la interrupción de un embarazo «no es la sanción sino la educación sexual y afectiva».
CC OO de Asturias hizo pública ayer su postura contraria a la reforma anunciada por Gallardón que, en opinión del sindicato, «refuerza el modelo de familia tradicional» y advierte de que las personas «sí tienen derechos, no así los embriones». Con estas medidas, «se volverá a una situación de desprotección e inseguridad jurídica, exponiendo a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres», afirma Emilia Escudero, secretaria de organización del sindicato.
La directora del Instituto de la Mujer del Gobierno de Rajoy, Carmen Plaz, declaró ayer en San Lorenzo del Escorial que estudiarán «en detalle» la propuesta. «Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hay que tener en consideración y hay que ver los términos en los que se va a producir la reforma», declaró a «Europa Press».
Según Carmen Plaz, hay una serie de derechos fundamentales en juego que hay que ponderar. «Está, por un lado, el derecho del nasciturus y, por otra parte, el de la madre. Hay que hacer un ejercicicio de ponderación y una regulación que atienda de forma adecuada a las partes que están involucradas».
La actual ley permite el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en los casos de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto. En Asturias, en el año 2010, los abortos por malformación del feto supusieron un 3,5 por ciento del total frente al 2,9 por ciento nacional.
«La reforma supondrá un claro retroceso de derechos sexuales y reproductivos»
<Guillermo Martínez >
Consejero de Presidencia
