Oviedo, E. G.
La «modificación de las instrucciones de funcionamiento de centros de Secundaria» es uno de los dos puntos en el orden del día para la reunión de la mesa sectorial de educación de mañana. El enunciado se traduce en las dos horas lectivas que los profesores tendrán de más para el próximo curso en Asturias, consecuencia directa del «decreto Wert».
Con los antecedentes judiciales en la mano, la negociación de ese punto en la mesa sectorial se vuelve imprescindible para dar legalidad a un asunto que divide a los sindicatos de la junta de personal. A nadie gusta pero algunos se resignan y otros no tanto.
Algunos de los que evitan la resignación salieron ayer a la calle en Oviedo en la reanudación de las movilizaciones del sector, convocados por el Movimiento por la Escuela Pública, la Marea Verde Astur, la Asamblea de Interinos y el sindicato SUATEA. Concentración en la plaza de la Escandalera y finalización de la marcha en la plaza de España, delante de la Consejería de Educación. Ofrecen una alternativa: que esas horas de más a la semana se cubran dando carácter y rango de lectivas a dos de las horas semanales complementarias que cada docente está obligado a cubrir.
«Si el Gobierno [regional] quiere hay posibilidades de no aplicar estos recortes, pero cuando lo que se trata es de ahorrar, los recortes irán para adelante, como en sanidad», lamentó ayer la portavoz de SUATEA, Beatriz Quirós.
La próxima movilización de los citados colectivos tendrá lugar el día 31. Para entonces se sabrán muchas más cosas.
El «decreto Wert» obliga a llegar hasta las 20 horas lectivas a los profesores de Secundaria, dos más que las actuales. En Primaria se mantendrán las 25 horas lectivas semanales; los sindicatos barruntan que el ahorro (racionalización del gasto, en dialéctica del Gobierno central) llegará de la mano de menos profesores de apoyo.
La reunión de la mesa sectorial de educación también tratará la modificación de los Centros de Profesores y Recursos (CPR). Son siete hasta la fecha en Asturias. La propuesta de la Administración, además de una reducción de centros, es la de minimizar el número de asesores, de los 54 actuales a los 21 propuestos, que serán además de libre designación, cuestión que se avecina polémica porque los sindicatos están en contra de lo que entienden como manga ancha a la hora de los nombramientos.
