Oviedo, Eduardo GARCÍA

Como era de esperar, no hubo acuerdo. La mesa sectorial de Educación acabó ayer sin acuerdo, con el anuncio por parte de la Administración regional de que el aumento de dos horas lectivas a la semana para los profesores de Secundaria es un hecho inapelable.

Todo ello en vísperas del primer llamamiento de interinos de cara al próximo curso escolar. Fuentes cercanas a la Consejería de Educación apuntan a que habrá esfuerzo especial en la contratación de personal docente a costa de aumentar las medias jornadas. Es decir, minimizar el «despido» de interinos ofreciendo contratos con menos horas laborales y, por supuesto, menos sueldo.

En el pasado curso más de 600 profesores trabajaron en la red pública con este sistema: la mitad de horas, al menos sobre el papel, y aproximadamente el 60% del sueldo. Lo del horario es flexible porque en la práctica pocos son los que se mantienen «por el libro»: se hacen más horas que las que marca el contrato.

Para muchos interinos, la media jornada, sobre todo en centros de la periferia asturiana, significa entrar en un régimen de lo comido por lo servido. Pero mejor eso que quedarse en casa. Los interinos también «disfrutarán» este curso de nuevos criterios de contratación. Ya no será un año, sino que el contrato les vencerá con el final del curso. Y en el verano, al paro.

El pasado año Asturias dio trabajo a unos 2.300 profesores interinos. El primer llamamiento, la próxima semana, podría afectar a unos 1.800, y muchos a media jornada. La Administración regional quiere ajustar al máximo los horarios y pondrá en práctica el decreto del Gobierno central, aunque no esté de acuerdo con él.

En este punto coinciden con los sindicatos docentes, que ayer le pidieron a la Administración en la mesa sectorial de Educación una lectura menos restrictiva para que las horas complementarias de los profesores -por ejemplo, las guardias- sean consideradas como horas lectivas.

No hubo manera aunque quedó abierta la puerta para incorporar peticiones sindicales menores. Entre ellas, mantener el horario tal y como estaba de los miembros de los equipos directivos de los centros, directores y jefes de estudio, a los que se les pretendía endosar una hora más a la semana.

Los profesores de Secundaria asturianos tendrán por tanto 20 horas lectivas y 27 horas de permanencia obligatoria en el centro escolar. En Primaria no se hacen cambios horarios.

El decreto 14/2012 se cumplirá, por tanto, en Asturias, comunidad que lo tiene recurrido judicialmente aunque, como se recordó desde la Administración regional ayer, el recurso presentado no exime del cumplimiento de la ley mientras los tribunales no se pronuncien.

Todo ello tras dos horas y media de reunión que condujo a muy poco, aunque se agradece el talante por parte y parte. Los sindicatos salieron echando humo. Luis Fernández León, de CC OO afirmó que «sólo resta la movilización social para evitar estas tropelías». Desde FETE-UGT se calificaron dichas medidas de «abusivas e intolerables», y desde SUATEA se habla de una «línea roja» que la Administración «ha cruzado». Para ANPE Asturias «no hubo flexibilidad por parte de la Consejería de Educación, salimos decepcionados. Se avecina una lucha ardua».

La mesa sectorial, que estuvo presidida por el director general de personal Docente, José Antonio Fernández Espina (la consejería Ana González se tomó unas minivacaciones), tendrá hoy continuación en la Mesa General. Educación reiteró ayer por la tarde su «voluntad negociadora» y recordó que «se aceptarán algunas de las propuestas» presentadas por los sindicatos «para mantener la calidad de la enseñanza».

El enfado sindical se complementó con la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno en el nuevo mapa de los Centros de Profesores y Recursos, los CPR. De los siete que hay en Asturias se pasará a cuatro, y desaparecen los del Noroccidente (Luarca), Oriente (Llanes) y Suroccidente (Cangas del Narcea), con el consiguiente ahorro de personal (en total, 36 puestos de trabajo). «Puro economicismo», a juicio de CC OO. En realidad así es, porque es una medida directamente relacionada con la ley de estabilidad presupuestaria.