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Asturias se alía con Cataluña y Andalucía y exige la retirada total de la LOMCE

La nueva reunión del ministro Wert con los consejeros de Educación acaba sin acuerdo y con profundas dudas sobre la memoria económica

 03:19  
Wert y su equipo, a la izquierda, antes del inicio de la reunión de ayer en Madrid.
Wert y su equipo, a la izquierda, antes del inicio de la reunión de ayer en Madrid. efe
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Madrid / Oviedo,


E. G. / Agencias


Asturias se alió ayer con Cataluña y Andalucía para exigir al Ministerio de Educación que retire el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE) tras otra reunión del ministro y los consejeros autonómicos que quedó en casi nada.


Los partidos políticos escenificaron ayer su incapacidad por acercar posturas en materia de Educación. La segunda reunión del Consejo Interterritorial acabó sin acuerdo y todo hace indicar que será ahora el Gobierno central quien cargue con la responsabilidad de sacar adelante, a base de mayoría absoluta, la reforma educativa, la LOMCE, que varias comunidades pidieron abiertamente retirar.


Era un nuevo intento para que el ministro José Ignacio Wert convenciera a las comunidades más reticentes, entre ellas Asturias, representada por su consejera Ana González, quien reclamó un nuevo informe del Consejo Escolar del Estado y una memoria económica para abordar la LOMCE.


De economía se hablará en una tercera reunión, explicaron ayer fuentes del Ministerio, que será ya en enero. La consejera Ana González solicitó una entrevista personal con el ministro Wert para exponerle los recelos asturianos en torno a una reforma que no gusta especialmente a nadie y que disgusta mucho a muchos.


La representante del Gobierno asturiano preguntó a José Ignacio Wert con quién había consensuado la reforma educativa «aparte de con la Conferencia Episcopal, del Opus Dei y su propio partido».


«Sobre la memoria económica hay una preocupación compartida», dijo el ministro a la salida de la reunión. Ana González valoró, si es que hay que buscar algo positivo, que desde el Ministerio se reconozca que no se tiene claro cómo se va a abordar la financiación de las reformas.


Wert aseguró que el texto de la reforma educativa aclarará de forma «satisfactoria» que el tratamiento de las lenguas cooficiales será «igual» al de las troncales y como el del castellano a efectos de evaluación y de carga horaria.


El ministro ha resaltado que nadie ha puesto en cuestión la condición del catalán como lengua vehicular, pero sí que ésta sea «exclusiva» porque hay que dar respuesta a las sentencias del Tribunal Constitucional para que los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano como lengua vehicular puedan hacerlo.


Tras la reunión todas las miradas (y los micrófonos) apuntaron a la representante de la Generalitat, María Jesús Mier, secretaria de Educación. «El ministro no ha movido ni una coma del texto, el ámbito de la lengua es innegociable».


«Rechazo total» por parte de Cataluña; rechazo, pero «buena disposición» por parte del País Vasco, cuya consejera Cristina Uriarte debutaba en el cargo; críticas de Canarias, cuya viceconsejera Manuela Armas anunció que enviará un informe al ministro sobre la equidad «para evitar que se la carguen».


Desde el departamento de Educación de la Comunidad de Madrid, la consejera Lucía Figar dijo que para Madrid «no es un gran asunto de preocupación ni la Religión, ni las lenguas cooficiales ni la escuela concertada», sino que lo que defiende es «la libertad de elección como un principio de la ley educativa» y lo que le preocupa es «el fracaso escolar y el escaso nivel de conocimientos con el que los alumnos terminan la ESO».


Las comunidades gobernadas por el PP apoyan al ministro y su polémica reforma.

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