De mi entrevista de hace unas semanas con la responsable del área de la Dependencia en la Consejería de Bienestar, Clara Costales, y como presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia en Asturias, está claro que la arena del reloj se nos ha escapado entre los dedos porque desde el Ministerio de Asuntos Sociales no sólo se viene hurtando arena con cada pesaje, sino porque también se han roto muchos dedos, y esta fractura la asumo como propia en nombre de los afectados a los que represento y doy voz. Desde nuestra Consejería se trata de quitar los palos que están metiendo a la rueda de la dependencia los «popes» del Gobierno central, pero difícilmente se puede dar abasto con el trabajo cuando con las normativas sobre la cosa vienen a ser como lo que se decía de los emperadores romanos: que te tienes que conformar con lo que hay porque lo siguiente va a ser mucho peor.

La última evaluación sobre la aplicación en las comunidades de la ley efectuada por el Observatorio de la Dependencia produce escozor a primera vista: volvemos a suspender. En julio de 2012 nos pusieron un 4,6. En diciembre de 2012 un 4,2. Pero la señora Costales me hace ver que esa publicación contiene un error de bulto: la nota de julio era un 3,8. Hemos prosperado cuatro décimas. Menos da una piedra, por ejemplo, la que Foro arrojó creyéndose libre de pecado y sobrado de estrategias, aunque bien es cierto que de mucho tiempo no dispuso. El Observatorio ha corregido, pero el mal está hecho, señor Ramírez. Siempre podemos hacer algo más, señora Costales, pero al menos me alegro de que no se haga de menos.

Quiero ver cierta y esperanzadora eficacia en que: 1) se va a priorizar el grado III en la elaboración del PIA; 2) se incrementó el número de personas atendidas por encima de la media nacional; 3) no existe la tentación de revisar expedientes a la baja en el grado; 4) se han destinado 34 valoradores a la tarea de elaboración de PIAS para la descongestión de las cifras, todavía mareantes; 5) la tasa de reposición de dependientes es ligeramente positivo, «aunque estamos en el límite», según se me reconoce con honestidad; 6) se han rebajado las cifras del limbo de dependencia de un 27% en junio de 2011 a un 25% actual de dependientes ya reconocidos como tales pero a la espera de su PIA y correspondiente percepción de prestaciones, siendo la tarea central intensificar la reducción del limbo más que hacer las «buenas prácticas» a que se refieren el Observatorio y la normativa estatal; 7) se va a proseguir en la línea de redistribución de personal en aquellas zonas que están suficientemente atendidas (Cangas del Narcea, Navia?) para su envío a las zonas más congestionadas (la central); 8) ante la prohibición legal de dotar plazas con personal laboral en dependencia se actuó con premura supliendo este personal saliente con funcionarios de oposición; 9) se mantiene la aspiración de abonar los atrasos reconocidos en cinco años en lugar de los ocho insultantemente establecidos por el Gobierno en el real decreto ley de 13 de julio de 2012, que capitidisminuye los derechos no sólo futuros sino también los ya adquiridos por el dependiente; 10) se va a intensificar el control sobre la prestación del cuidador familiar, que surgió en la ley inicial como una prestación excepcional, y de hecho hay unos 600 cuidadores que van a autoexcluirse del sistema en Asturias, debido a la eliminación de su compatibilidad con otras prestaciones, un giro de tuerca más del Gobierno central.

Decálogo de conquistas. Pero estamos hartos de limitarnos a decálogos y no escudriñar más allá en el léxico, para saber cómo se dice la palabrita con el 20 y no siempre con el 10, que hoy por hoy y en esta materia tan sensible siempre resulta insuficiente. El Gobierno de Rajoy está acostumbrado a liderar medidas impopulares y esta esfera carece de la música que Pitágoras generalizó para esferas bien distintas de ésta. Jamás hubo música, y la letra ya no entra con sangre, sino con hilo dental del sarro que nos queda por tener que comulgar con tantas ruedas de molino que nos lanzan radialmente desde Madrid; una letra que ya no se entiende porque se ha traducido al idioma de la indecencia y la falta de compasión. La siguiente rueda que nos llega me la cuenta la señora Costales: una orden ministerial (milagrosamente paralizada por el momento por ella y nuestra consejera de Bienestar en el último Consejo Interterritorial) que obliga a todas las comunidades a grabar en el sistema informático datos como la capacidad económica del dependiente, del cuidador, y otros, para todos los expedientes que están en activo, de manera que hasta que esta ardua labor no se culmine, el Estado no pagará su parte en la tarta financiadora de la dependencia.

Teniendo en cuenta que la grabación de datos no está hecha desde 2007 a 2010, esta labor puede llevar más de un año. Esto es lo que no queda, las palabras con las que finaliza «El Conde de Montecristo»: «Confiar y esperar». Pero ya estamos hartos de lo uno y de lo otro.