El día que los asturianos se convirtieron en catalanes

Parte de la historia de Oviedo, de Gijón, de Teverga, de Sama de Langreo, de San Martín del Rey Aurelio, de Pola de Lena, de Mieres, de Noreña, de Avilés, entre otras muchas localidades asturianas, ya forma parte del patrimonio documental de Cataluña. Documentación de históricos dirigentes socialistas como José María Barreiro García, Inocencio Burgos Riestra o Amador Fernández Montes; actas firmadas por la dirigente feminista asturiana Pilar Lada Suárez; relaciones de centenares de asturianos refugiados en localidades catalanas a partir del otoño de 1937, elaboradas por los servicios especiales de organización de los evacuados del Consejo Soberano de Asturias y León, para proporcionarles leche y mantas para no morir. Un episodio dramático de la historia de Asturias en plena Guerra Civil, cuajado de esfuerzo y solidaridad para socorrer a los asturianos más necesitados, hurtado por la Generalidad de Cataluña.

No cabe error. Es una operación perfectamente calculada para engrosar las estanterías del Archivo de Sant Cugat del Vallès. En primer lugar, los técnicos contratados por la Generalidad de Cataluña, que camparon durante tres años por el Centro Documental con total falta de control, manipularon torticeramente los documentos asturianos para «catalanizarlos» e identificarlos a su gusto. Así, la documentación generada por la Agrupación de Socialistas Asturianos Refugiados en Barcelona (Federación Socialista Asturiana - PSOE) pasó a ser del Centro Asturiano de Barcelona o de un partido político de Sabadell que en aquellos años no existía.

El siguiente paso fue más refinado. El equipo técnico designado por la Comisión Mixta Gobierno- Generalidad de Cataluña no catalogó los documentos propuestos para su transferencia. Listados de cajas someramente descritas fueron sometidos a la consideración de los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica para su aprobación. Ni rastro de los documentos del PSOE de Asturias, salvo dos cajas que meses después fueron devueltas en secreto al Archivo de Salamanca, tras mentir en documento oficial sobre su salida. Identificados como del Centro Asturiano de Barcelona, pasaron el filtro. El 19 de julio de 2011, Rogelio Blanco, entonces director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, estampaba su firma en las órdenes ministeriales que autorizaban la entrega de esta documentación a la Generalidad.

El colofón traspasa la raya del delito. Una vez trasladados los documentos al Archivo Nacional de Cataluña, había que devolverlos a sus legítimos propietarios. Un año era el plazo a contar desde el 9 de enero de 2012, fecha en que la Consejería de Cultura de la Generalidad publicaba el edicto para tal fin en su diario oficial. Sin embargo, la hoja de ruta trazada por los dirigentes catalanes no incluía sacarlos de su archivo. Así, sólo un mes y once días después se entregaba un CD con las copias de los originales a entidades que usurpaban la identidad de los legítimos propietarios, a cambio de dejarlos en depósito en ese archivo. La CNT, que es la que ostenta la personalidad jurídica e histórica de la Confederación, perdía la titularidad de 145.752 documentos y 40 libros, que pasaban a propiedad de un grupúsculo denominado «CNT Catalunya-Joaquim Costa». Miles de documentos del PCE se entregaban al PSUC, que, cómo no, cedía los originales al consabido Archivo Nacional de Cataluña. La Generalidad castigaba con dureza a los partidos y sindicatos opuestos al envío de su documentación histórica a Cataluña, y reconocía su titularidad a los grupos con quienes previamente había pactado su cesión al Archivo Nacional catalán. Asturias no se libraba del fraude: el Centro Asturiano de Barcelona, fundado en los años cincuenta del siglo XX, se hacía con la propiedad de la documentación del PSOE de Asturias, a pesar de no ser ni el propietario original ni su heredero, sino una persona jurídica diferente que nada tiene que ver con aquella documentación incautada.

El 20 de febrero de 2012 los documentos asturianos se convirtieron en catalanes. Porque así lo quisieron por decreto el consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña y los testaferros de los que se valió. El 10 de enero de 2013 finalizó el plazo para reclamarlos.

Sin embargo, hoy, 12 de abril de 2013, un acontecimiento no previsto por el presidente Artur Mas y su socio ERC puede revertir los hechos consumados. El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias debate una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno «a realizar las actuaciones que resulten precisas para la inmediata devolución y depósito al Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, de todos los documentos de la Guerra Civil relacionados con Asturias que han sido transferidos a la Generalidad de Cataluña, por formar parte integrante de mencionado archivo de titularidad estatal».

Esta iniciativa parlamentaria va firmada por Foro Asturias. Pero igual podría serlo por el PSOE, por el PP, por IU o por UPyD. El Archivo de Salamanca se ha convertido desde hace muchos años en arma arrojadiza entre partidos políticos. Esto se tiene que acabar, y convertirlo en lo que en realidad es: un testimonio extraordinario de una parte de la historia de España. Si lo seguimos fragmentando, perderemos todos. Los políticos asturianos se deben unir en esta causa y aprender de los investigadores, historiadores y estudiosos que llegan a Salamanca con recelo y marchan como los principales valedores de este Archivo, en consonancia con un Informe de la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos, que afirma: «los archivos son el más fiel reflejo de la Historia de los pueblos y constituyen, por tanto, la más explícita memoria de las naciones».

La memoria de José Barreiro, de Sama de Langreo; Inocencio Burgos, de Gijón; Amador Fernández, de La Invernal - San Martín del Rey Aurelio; Pilar Lada, de Mieres, estará muy presente en la votación del Pleno de hoy. Por ellos, por la España democrática por la que lucharon, alejada de los egoísmos de los nacionalismos excluyentes, espero y deseo que la proposición no de ley salga adelante con el voto unánime de los parlamentarios asturianos.