En la plaza de la Gesta de Oviedo, bajo el sol del mediodía, una clase colectiva impartida en plena calle no quiere decir exactamente que a los profesores y los alumnos los han expulsado de las aulas. O tal vez sí. Al menos en sentido figurado. Una de las docentes, Aquilina Fueyo, profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y ex decana de Pedagogía, lo advertirá cuando aperciba a los estudiantes de la amenaza de retorno a aquella «Universidad en la que no estaba todo el mundo», a «una Universidad de la que a muchos pretenden echarnos». Es esa enseñanza «para unos pocos» la que, a su juicio, se esconde tras el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que ayer denostaron públicamente sus detractores, profesores, alumnos y padres, en una jornada de protesta que sacó en toda España las clases a la calle para dar lecciones sobre los perjuicios que se avecinan si la reforma legislativa que prepara el Gobierno sale adelante tal y como está planteada.

En Oviedo, varias decenas de estudiantes escucharon a los representantes de los colectivos afectados decir, por boca de José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal, que todo aquello era para «sacar de la Universidad unos problemas que ni afectan sólo a los profesores y a los alumnos ni son solamente cuestión de dinero». Que la nueva ley y el recorte que la acompaña responden a una intención de «acabar con la Universidad pública tal y como la conocemos y está claramente dirigida a favorecer la enseñanza privada» utilizando la crisis como coartada.

El extenso programa del día, organizado en sesiones de quince minutos con exposiciones sobre las distintas maneras de oponerse a la ley, acabó por la noche con un encierro reivindicativo en la Facultad de Formación como en otros catorce centros educativos de la región. Antes, las lecciones de los profesores participantes desmenuzan la reforma en la forma en que afecta a cada colectivo.

Detrás del maestro, en la tarima improvisada bajo los paraguas que adornan la plaza, una pancarta dice «Pública nos la dejaron, pública la devolveremos». Delante, entre los asistentes, resalta el verde de las camisetas que repiten «escuela pública, de todos, para todos». Por la tribuna van pasando profesores de los distintos estratos educativos que se sienten perjudicados por los planes del ministro Wert. Desde la escala universitaria, Paredes denuncia la «violación de derechos» que asoma tras la política económica del Gobierno y la «estafa de subir las tasas a la vez que se rebaja la calidad con más horas lectivas para los profesores y recortes de presupuestos», mientras Fueyo clama contra el despido de 240 docentes en la Universidad de Oviedo. En nombre de los interinos de Secundaria, Mer Mediavilla, profesora del Instituto de Ventanielles, da un paso atrás para hablar desde la sombra: «Ya estoy bastante quemada, no quiero que me queme el sol», proclama. Ella incide en los despidos que sufre el colectivo, en «la precarización de las condiciones de trabajo con la reciente decisión del Gobierno del Principado de suprimir el cobro del verano» y en la «desigualdad» que consagra la LOMCE entre los interinos y el resto de los docentes, «por no hablar de la autonomía de contratación que permite a los centros, mandando al garete los accesos fruto de méritos, capacidad o experiencia».

Susana de Calvo, investigadora del programa «Severo Ochoa», constata que «a la Universidad no le importa la investigación» tras comprobar que «hemos cobrado en lo que va de año lo que deberíamos haber percibido en abril», y María Verdeja, profesora asociada, lamenta que «casi tengamos que pagar por venir a trabajar». Poli Mencía, docente de lengua asturiana, reacciona contra la precariedad de los que «no podemos optar a la estabilidad laboral como consecuencia de las políticas de los últimos treinta años», y todas son diferentes formulaciones de «la merma de la calidad de la educación» en la que incurre el proyecto que se llama «de mejora de la calidad educativa».