La decisión del PP de no incluir la asignatura de Religión en el Bachillerato abre un nuevo frente en esta ya larga batalla de la ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El Grupo parlamentario Popular en el Senado no presentó finalmente ayer ninguna enmienda al respecto, al contrario de lo que daban por seguro la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de los obispos, y sectores educativos vinculados con la Iglesia católica.
La Conferencia Episcopal había pedido expresamente que la religión fuera asignatura de oferta obligatoria en los centros, también en las etapas de Infantil y Bachillerato (ahora lo es en Primaria y en la ESO), y solicitaba que la LOMCE recogiera esa petición respondiendo así a los acuerdos Iglesia-Estado.
El plazo de presentación de las enmiendas, las últimas que podrían haber cambiado el texto de la LOMCE, finalizó anteayer. El PP había calificado de "error técnico" del Ministerio de Educación el no haber incluido la religión en Bachillerato, materia que, en todo caso, iba a tener rango de voluntaria para los alumnos. El PP no presentó enmienda alguna en el Congreso, lo que levantó todo tipo de suspicacias. Ahora se confirma que aquel supuesto "error técnico" no era tal.
La religión queda como asignatura de oferta obligatoria y de elección voluntaria para los alumnos de Primaria y ESO. La nota de la asignatura computa a todos los efectos en la nota media para aquellos que la elijan.
La Conferencia Episcopal había puesto sobre la mesa su "decepción" por la ausencia de la religión en todas las etapas educativas. El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, criticó al Gobierno por "incumplir" el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. La polémica no hizo más que empezar.
Ni en China el ministro de Educación, José Ignacio Wert, elude esa polémica. Wert, de visita oficial en el gigante asiático, calificó de "concepto retórico" (léase un brindis al sol) la amenaza de la Generalitat de Cataluña de insumisión a la futura LOMCE. "La insumisión a una ley en un Estado de derecho es un concepto retórico. En el Estado de derecho las leyes, las que gustan más y las que gustan menos, se aplican". El Ministro añadió: "Cuando hay un conflicto respecto a su aplicación, si los conflictos son de naturaleza constitucional, los dirime el Tribunal Constitucional; y si no lo son, existen otros mecanismos en la legislación española" para tratarlos.
Todo ello, apenas 24 horas después de que varias enmiendas del PP en el Senado fijaran un calendario escalonado para la aplicación de la nueva ley. Según el Ministro, como respuesta a la "inquietud que nos habían transmitido las comunidades autónomas acerca del calendario inicialmente previsto, de implantación total en dos años". Desde la oposición, por la falta de fe en la propia ley desde las filas de los populares.
En España, el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo pidió "consenso" en la puesta en marcha de LOMCE para evitar "que se den recorridos electorales, en lugar de generacionales". También envió un mensaje al propio PSOE y otros grupos de la oposición, por el "desconcierto" que genera a la ciudadanía afirmar, con la luz verde del Congreso a la LOMCE, que será derogada en la próxima legislatura.
