Ana María Boullosa, 52 años, padece una genesia congénita que le impide moverse sin su silla de ruedas con motor. "Soy una víctima de la talidomida, pero en mi caso el laboratorio alemán, Grünenthal GmbH, todavía no me ha reconocido como tal", afirma. Vive sola en Las Campas, de cuya asociación vecinal es tesorera -en este momento otra de sus luchas está centrada en las cuatro aulas del centro educativo para el barrio-, es presidenta de la Asociación de Festejos y es, además, fundadora de Frater (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad). Cuando su compañera, Demetria Cueva González, también en silla de ruedas por una paraplejia, le pregunta cómo está. Boullosa responde: "Resistiendo, como todos".

Ayer, como todos los días, Ana María Boullosa se levantó -le faltan dos piernas y un brazo- y se aseó para acudir a la concentración. "De momento, no necesito a nadie. Mi madre murió hace dos años y tengo una mujer que me limpia dos veces a la semana y que pago yo", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Problemas diarios? Muchos y de todo tipo, pero si tiene que citar uno, Boullosa elige el de las barreras arquitectónicas. "No puedo con ellas, son insalvables para una silla con motor y veo que las instituciones dejan que pase el tiempo sin resolverlas. En cuanto a las otras barreras, las mentales no las tengo y a las sociales no les hago caso", explica.

Ana María Boullosa y Demetria Cueva comparten un rasgo de su personalidad, las dos son muy independientes. Demetria Cueva, a quien un accidente de tráfico la sentó en una silla de ruedas hace 35 años, también vive sola y paga a una mujer para que la ayude. De vez en cuando, acoge en su domicilio a algún estudiante universitario.

"Es duro y tienes que pagar para todo. Los gastos en farmacia han aumentado mucho, tenemos que abonarlo todo y soy consciente de que si un día me caigo, no podré lavantarme, noto que he perdido mucha fuerza, pero estoy acostumbrada. Me arreglo con lo mínimo".

Ninguna de las dos solicitó ser beneficiaria de la ley de Dependencia. Demetria Cueva no se lo planteó y Ana María Boullosa nunca lo vio claro. "Fue una "zapaterada" y una "zapaterada" ha acabado siendo", dice. Solamente las baterías que necesitan para la silla suponen unos 1.000 euros al año. "Llevo en esto desde los 18 años, en derechos hemos retrocedido a cuando empecé, hace más de treinta. Sabemos que la crisis es general, pero los recortes más duros casi siempre son en las partidas sociales", asegura Ana María Boullosa.