Si mañana se celebrara un referéndum sobre el derecho a descargarse contenidos por el morro de los gigantescos contenedores de internet, no habría duda alguna sobre el resultado. Las últimas encuestas hablan de más de un 80 por ciento de consumidores que defienden la piratería como un derecho fundamental del ciudadano, derecho que permite a las compañías telefónicas forrarse abriendo autopistas para bajarse películas en un pispás y que ha mandado al infierno industrias como la discográfica. Cuidado con generalizar: no es lo mismo hacerse con una copia infame de un estreno que, por ejemplo, ver una película de los años cuarenta sin la lacra del doblaje, o hacerse con un título reciente pero que en España, y menos en provincias, no se distribuirá nunca. Más que piratería, es supervivencia cultural. Si las leyes no atacan la raíz de esos abordajes, tendrán que ser las industrias heridas las que busquen alternativas valientes y creativas que hagan aliados y no enemigos. O nos iremos todos a pique, porque llegará el día en que no haya nada que descargar porque no habrá nadie que lo cree.
