La Consejería de Sanidad anunció ayer la retirada de la ley con la que pretendía regular el derecho de los médicos de la sanidad pública a ejercer también en el sector privado. La propuesta del Gobierno regional se topó en la Junta General del Principado con la oposición de Foro y del PP -ya esperada-, a los que se sumó UPyD, que con su voto da al "no" los 23 diputados que configuran una mayoría. Es en este último partido en el que Sanidad centra sus críticas. En su comunicado, la Consejería subraya que había llevado a la Cámara "una propuesta que se ajusta en todos sus términos a lo acordado con IU y UPyD". Por consiguiente, agrega, la decisión de Ignacio Prendes "parece responder a intereses no explícitos, al no poderse justificar en el contenido de este proyecto de ley".
Tanto el PP como Foro se manifestaron en todo momento contrarios a la regulación impulsada por Sanidad por considerarla excesivamente restrictiva. Lo mismo sostenían el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico (SIMPA). La propuesta excluía de la compatibilidad entre pública y privada a quienes desempeñaran cualquier tipo de jefatura intermedia en el Servicio de Salud (Sespa): unos 260 facultativos sobre un total de más de 3.000, según Sanidad. UPyD argumentó su rechazo señalando que debe ser en el marco de regulación del sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios donde se determine qué plazas llevan aparejada la dedicación exclusiva obligatoria. Prendes añade que para regular la exclusividad no es necesaria una ley sino que basta una norma de carácter reglamentario.
