La Fiscalía Superior del Principado ha formulado una denuncia contra el presidente del Colegio de Diplomados Universitarios de Enfermería de Asturias, Emilio Losa García, por un presunto delito continuado de apropiación indebida, "sin perjuicio de las infracciones penales que pudieran derivarse de una exhaustiva investigación judicial posterior", según precisa un comunicado enviado ayer a los medios por la propia fiscalía.
El ministerio público remitió ayer mismo la denuncia al Juzgado decano de los de Oviedo para que proceda a la incoación del correspondiente procedimiento penal y a la práctica de las diligencias que se consideren oportunas. De la investigación realizada por la fiscalía "se deduce que el denunciado, en su condición de presidente del colegio (...), dispuso de fondos propiedad o gestionados por la entidad, destinándolos a fines particulares, propios o ajenos, pero en todo caso desviándolos de los objetivos para los cuales se recibían". "Esto lo hacía" -prosigue la nota- "en perjuicio del colegio y en beneficio propio o de terceros".
Las diligencias practicadas por la fiscalía tuvieron como origen una denuncia presentada por 98 enfermeros de la región, quienes consideraban que en la gestión de la corporación -integrada por unos 6.000 profesionales colegiados- podrían estar cometiéndose, desde años atrás, delitos de cohecho, estafa, apropiación indebida y falsedad.
Los argumentos de los denunciantes fueron adelantados por LA NUEVA ESPAÑA en su edición del pasado 20 de abril. Tres días más tarde, este periódico precisó que la fiscal María Pilar Rodríguez Rodríguez limitaba las posibles infracciones penales cometidas por Emilio Losa y su junta de gobierno a apropiación indebida o malversación. Finalmente, la calificación dada es la primera.
Al juez que investigue los hechos le corresponderá confirmar o modificar esta calificación inicial. Los denunciantes podrán presentar más pruebas que se sumen a las diversas facturas correspondientes al periodo 2005-2012 que ya entregaron a la fiscal. Ayer, tras conocer la decisión del ministerio público, un portavoz del colectivo anticipó que "aportaremos nuevas pruebas y testigos, y todo lo que nos solicite el juzgado".
El colegio niega los hechos
Muy distinta es la versión dada por el presidente del colegio y su junta directiva. En un comunicado público, manifestaron su sorpresa ante el hecho de que la fiscalía no les haya citado "para prestar declaración", pues de este modo "hubiera quedado todo aclarado y archivado". Según la nota, "los denunciantes han hecho un uso espúreo" de su acción ante la fiscalía "para dañar la imagen y el honor del presidente y de su junta".
Los denunciantes sostienen que el colegio ingresa en concepto de cuotas en torno a 1,4 millones de euros anuales. El escrito de denuncia indicaba que la edad del presidente de la corporación "supera los 80 años" y que su dilatado mandato como presidente -"más de 25 años"- "evidencia determinadas conductas que ponen de manifiesto un trato de casi propiedad personal respecto del colegio". Acto seguido, describía presuntos tratos de favor de Emilio Losa hacia algunos familiares, quienes desempeñan funciones colegiales "sin que hubiera existido proceso alguno de contratación". La denuncia hablaba de supuestos pagos, "no aprobados por órgano alguno", a integrantes de la junta de gobierno y a otros perceptores "que se denominan "asesores"". Y también detallaba un mecanismo -que tiene como objeto central la revista que mensualmente edita la institución- en virtud del cual "el dinero sale del colegio (...) y vuelve a "bolsillos particulares", concretamente del Sr. Presidente y su entorno".
