N.V.

Universia 2014 cerró ayer sus sesiones en Río de Janeiro con una firme declaración en favor de erradicar la gestión funcionarial de las universidades. Los 1.103 responsables de universidades de toda Iberoamérica reunidos en Brasil abogan por impulsar un espacio de conocimiento socialmente responsable que homologue los estudios en esta inmensa región de hispano-luso parlantes. Y, para conseguirlo, estiman indispensable esa apuesta clara por revolucionar la gestión de las universidades, de manera que con agilidad y transparencia atiendan las necesidades de las nuevas generaciones de alumnos, unos alumnos que exigen métodos de enseñanza renovados y planes de estudio flexibles con los que promover la movilidad y el intercambio cultural.

' Tras dos días de trabajo en la ciudad brasileña, los rectores que acudieron a la convocatoria del Banco Santander ratificaron la necesidad de que las universidades vuelvan a caminar de la mano de la sociedad para promover el bienestar, el desarrollo, la creatividad, la transmisión de valores, la transformación social, la igualdad de oportunidades y la protección medioambiental.

Sin complejos, los rectores entonaron el mea culpa al reconocer las deficiencias organizativas que padecen aún las universidades iberoamericanas, en su opinión más parecidas a ministerios llenos de funcionarios que a centros de excelencia donde promover el talento. "Las universidades más sólidas y con prestigio internacional se caracterizan por una alta concentración y atracción de talento, abundantes recursos y financiación y una organización flexible y profesional", advierten los redactores del documento "Claves estratégicas y propuestas para las universidades".

Las empresas, añaden, son fundamentales en el desarrollo de la universidad del siglo XXI, no sólo como mecenas de conocimiento, sino también como empleadoras de los titulados universitarios y como colaboradoras de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología que marcan el futuro. Otra de las conclusiones de las dos jornadas de trabajo es la de garantizar la calidad de los programas de estudios mediante esquemas y procedimientos de acreditación, organizados como servicios públicos a cargo de agencias independientes, con baremos internacionales y criterios académicos rigurosos.