Un Juzgado de Oviedo ha desmontado la convocatoria de la Consejería de Educación para cubrir tres plazas de inspectores educativos, a raíz de una demanda contencioso-administrativa presentada por el sindicato FETE-UGT.
La convocatoria se había realizado mediante resolución en el pasado mes de junio y ahora el Juzgado la declara "contraria a derecho y, en consecuencia, nula". Otro sindicato, ANPE, presentó una demanda similar por este caso que aún no tiene sentencia. Con esta primera sentencia, que ha sido recurrida por el Principado, se da por hecho que la Consejería perderá el caso, al menos en esta primera instancia judicial.
FETE-UGT recurrió la convocatoria porque limitaba los méritos de los posibles candidatos a lo cosechado en centros públicos que impartan enseñanzas de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional. UGT estimaba que esta restricción "vulneraba directamente el principio de igualdad" y destaca que posibles candidatos que hubieran hecho méritos en otros centros distintos a los de Secundaria (en Infantil o Primaria, por ejemplo) quedaban fuera de la carrera "a pesar de haber desarrollado el mismo contenido funcional en sus puestos de trabajo".
El juez señala que las especificaciones en los baremos de méritos de la convocatoria, centrándose en exclusiva en el trabajo en centros de Secundaria, no pueden justificarse por la urgencia en cubrir las vacantes.
El caso tiene calado. Por una parte es un capítulo más en el desencuentro de la Administración educativa y los sindicatos. Por otra, resulta sintomático que uno de los sindicatos recurrentes sea precisamente UGT. "Cuando analizamos la convocatoria les dijimos a la Consejería que había problemas, que no iba a prosperar. No nos hicieron caso y aquí está la prueba".
El asunto colea desde hace algún tiempo. En mayo de 2012 una resolución de la Consejería de Educación seleccionaba a tres personas para cubrir de forma accidental vacantes del cuerpo de inspectores de Educación. A dos de ellas nunca se les llamó para incorporarse al servicio. Un tercero sí pasó a su nuevo destino, precisamente al beneficiarse de la vacante dejada por el actual director general de Personal Docente, José Antonio Fernández Espina.
Cuando la Consejería de Educación hizo pública esta nueva convocatoria para inspectores, al menos una de las dos personas que llevaban a la espera más de dos años solicitó por registro su incorporación. Intento nulo, y sin explicaciones. En este tiempo hubo, al parecer, alguna jubilación en el servicio de Inspección educativa, pero -recalcan fuentes cercanas a la junta de personal docente- fueron plazas amortizadas.
El servicio de Inspección vivió en la primavera de 2013 una polémica que saltó a los medios cuando 15 de los 23 inspectores con plaza fija firmaron un documento de denuncia contra la inspectora jefa del servicio, Dolores Guerra. La acusaron de "arbitrariedad", de "autoritarismo" y de ayudar a generar "un ambiente laboral asfixiante", aparte de denunciar la excesiva politización de esta área tan sensible de la gestión educativa asturiana. Intervinieron entonces los altos despachos de la Consejería y la sangre no llegó al río.
El recurso judicial de FETE-UGT motivó que la inspectora jefe se diera de baja como militante del sindicato.
