Asturias vive un histórico cambio de modelo en las prestaciones de servicios sociales, con una clara reducción en el peso específico de las asociaciones sin ánimo de lucro y un mayor protagonismo de empresas privadas en la gestión de esos servicios. Lo que las asociaciones entienden como un desmantelamiento en toda regla de un modelo mixto que funcionó moderadamente bien en las últimas décadas, la Administración lo define como la adecuación a una normativa legal distinta.
Esa norma la marca, entre otras, la Ley de Contratos que exige que todo lo que se financiaba a base de convenios a dos bandas (Administración y asociaciones) ahora deba ser sacado a concurso público. En Asturias, la Ley de Contratos se concreta con un acuerdo marco que las asociaciones del tercer sector califican de insuficiente y la oposición parlamentaria lo despacha con un suspenso.
La Consejería de Bienestar Social despide un año traumático con dos papeletas encima de la mesa: transporte de la discapacidad y pisos tutelados. En ambos casos las empresas privadas con ánimo de lucro están accediendo a una gestión que historicamente estuvo en manos de las asociaciones, ONGs nacidas en la mayoría de los casos de la unión de familias afectadas y que ahora están condenadas a perder el pulso con contratistas profesionales y en algún caso ajenos a Asturias.
Se cumple un año de la famosa carta de la Consejería anunciando la dispersión de los usuarios de Adepas, la entidad decana del movimiento asociativo de la discapacidad en Asturias. Lo que no tenía vuelta de hoja porque era consecuencia de un proceso concursal, acabó arreglándose porque lo imposible para la Administración regional fue posible. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó las tesis de Adepas, que sigue esperando el cobro de la cantidad que se le adeuda.
En un año hubo cambio de consejera pero la política se mantiene, a juicio de la diputada de IU y exconsejera de Bienestar Social, Noemí Martín: "Es una política que no se atreve a hacer ni la derecha allí donde gobierna". Martín anuncia "una batería de iniciativas para frenar el despropósito que está llevando a cabo la Consejería de Bienestar Social". Tiene argumentos: un concurso para el transporte de personas discapacitadas cocinado a espaldas del sector (hubo asociaciones que se enteraron cuando se publicó la convocatoria en el boletín de las comunidades europeas), y un concurso para la gestión de los pisos tutelados con que cuenta el Principado. Se resolvieron tres casos, en los que no fueron elegidas las asociaciones sin ánimo de lucro que los gestionaban.
El cuarto caso clama al cielo. Es el piso que la asociación Rey Aurelio tiene en El Entrego. Su oferta económica, la más baja de las cinco presentadas, fue entendida por la Administración regional como desproporcionada a la baja, pero es mayor que la cantidad que el Principado pagaba a esa misma asociación para el sostenimiento del piso. Si Bienestar Social pagaba un dinero que entendía que era suficiente para el mantenimiento de ese piso tutelado, ¿cómo es posible que ahora entienda la oferta de Rey Aurelio como inusitadamente baja?
El asunto quedó en un impasse de pocos días hasta que la asociación afectada demuestre que se puede mantener casa y familia con el dinero calculado en la oferta presentada. Con menos lo están haciendo desde hace años y sin queja, así que no les debería de resultar muy difícil.
Bienestar Social también es de alguna manera víctima de un marco legal que cambió las reglas del juego. Los concursos para la adjudicación de estos servicios "son legalmente inevitables", asegura el director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño. Sin una relación contractual (y los convenios no la tenían) los pagos se hacen imposibles, advierte la Intervención General del Principado. "No se puede ir contra la ley", recuerda Rodríguez Nuño.
"Pero la Ley es interpretable, si no hay capacidad de decisión sobre el modelo a seguir en las políticas de servicios sociales, para qué servimos los políticos. Gobernarían los técnicos, y punto", apunta Noemí Martín.
Estamos ante un problema de facturación, en eso están de acuerdo todas las partes. Las últimas sesiones plenarias en la Junta General estarán marcadas por estos asuntos. Hay una proposición no de ley firmada por tres grupos de la oposición que pide la retirada inmediata del concurso del transporte de la discapacidad. El día 2 de enero se cierra el plazo de presentación de ofertas, a las que se pueden presentar empresas del sector del transporte,
El PP guarda silencio -acuerdos presupuestarios obligan- mientras el grupo parlamentario del PSOE "respalda completamente" los criterios seguidos desde Bienestar Social. Una piña. La Consejera recién llegada, Graciela Blanco, se encontró de bruces con la polémica del transporte y por el momento se mantiene en un segundo plano que hay que entender como estratégico.
Pisos y transporte son dos problemas distintos, pero con la misma raíz y en buena medida parecidas consecuencias: el desembarco de empresas privadas para gestionar algo que siempre estuvo en manos de asociaciones sin ánimo de lucro y con mucho voluntarismo.
La Plataforma del Tercer Sector con Centros y Servicios para la Discapacidad contestaba ayer al director general de Políticas Sociales y le recordaba que el servicio de transporte a los centros de apoyo a la integración "no es un servicio gratuito puesto que todos los usuarios están sujetos a copago y por tanto, entendemos que tienen derecho a que se tenga en cuenta su opinión".
