"Lo que sucede es inexplicable desde cualquier ideología. Estamos ante un proceso de mercantilización total de los servicios sociales en Asturias. Viene produciéndose desde hace cuatro años, pero muy claramente en el último año y medio, en el que entraron a saco".

El diagnóstico, explicado ayer por el gerente de la asociación avilesina Rey Pelayo, Alejandro Alonso, podría ser suscrito a estas alturas de la legislatura por buena parte de las asociaciones de la discapacidad en Asturias.

El caso de la asociación Rey Pelayo es significativo en relación con el nuevo concurso del transporte de la discapacidad. Números cantan. La Rey Pelayo tiene abierto un centro de apoyo a la integración (CAI) con 58 usuarios, de los que una veintena tienen servicio de transporte. Ese servicio fue puesto en su día por los propios padres quienes costearon las furgonetas y hasta pagaban la gasolina. Con la entrada en vigor del decreto del copago, la Administración pasó a pagar 120 euros al mes por usuario (en zonas rurales, 150). La aportación de Bienestar Social a Rey Pelayo por el transporte ascendía a unos 2.400 euros al mes. Ahora, el Principado licita ese servicio por más de 7.000 euros, iva incluido.

"Se privatiza licitando el doble o el triple de los que estaban pagándonos a las asociaciones, y nos obligan a "comernos" los vehículos que con tanto esfuerzo habíamos pagado", explica Alonso, quien vaticina que tras el transporte y los pisos "llegarán los servicios de comedor y de limpieza".

Alonso y con él todo el sector se pregunta si alguna vez será modificada la Ley de Servicios Sociales del Principado. Hace unas semanas la duda estaba en el cuándo, pero ahora ya nadie tiene seguro que la iniciativa se vaya a plantear desde el Gobierno regional, tal y como se había prometido.

Esa modificación, explica la diputada de IU, Noemí Martín, respondería a los recientes cambios de la directiva europea en los que se admite que se puedan excluir los servicios sociales de los concursos públicos puros y duros. "Europa se dio cuenta de que los servicios sociales no son una autovía, que no se puede sacar a concurso cada cuatro años la vida de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable".

Se dijo desde Bienestar Social que antes de que finalizara el año el proyecto de modificación de la ley estaría en la Junta General del Principado, pero menos de una semana de la Nochevieja ni está ni se le espera.

Una modificación de la ley podría servir para evitar un segundo acuerdo marco con las asociaciones del sector. El actual expira en 2016, pilló despistado a todo el mundo, el Gobierno lo sacó en agosto (año 2012) y, en palabras de Alejandro Alonso "fue un mal negocio que nos impusieron".

En Asturias los criterios de la Intervención General son más rígidos, a lo que se ve, que en otras comunidades. Están en su derecho de acuerdo con la normativa vigente "pero hay que buscar fórmulas, y no me refiero ni mucho a conculcar la ley", dice Noemí Martín, que fue consejera de Bienestar Social durante tres años. "Hay muchas maneras de regularizar".

Enrique Rodríguez Nuño pide no dramatizar. "Lo que ha salido a concurso es la gestión de determinados pisos tutelados que son propiedad del Principado. Los actuales usuarios no van a tener que salir de sus casas y el personal que les atiende ahora seguirá atenediéndoles". Es el mismo sistema que el que se sigue en la gestión de los 27 centros públicos de apoyo a la integración. Dicho esto, "para nada nos gusta que las asociaciones que gestionan esos pisos tengan que dejar de hacerlo".