El Tribunal Superior de Irlanda otorgó ayer permiso a los médicos para retirar los aparatos de soporte vital a una embarazada de 18 semanas que fue declarada clínicamente muerta el pasado día 3. Los familiares de la mujer, de 26 años, expresaron su deseo de apagar la maquinaria, si bien los doctores rehusaron hacerlo hasta ahora ante sus dudas sobre la situación legal del feto. La legislación irlandesa otorga al feto la categoría de ciudadano y equipara sus derechos a los de la madre.
En una sentencia de "gran importancia pública", según el propio Tribunal Superior, los jueces han considerado que mantener el apoyo médico a la madre, en muerte cerebral, habría supuesto un "ejercicio fútil" y una "inimaginable angustia" para el padre.
Los magistrados han considerado que autorizar la retirada del soporte vital a la mujer, que murió a causa de una herida traumática que sufrió el mes pasado, es una decisión en el interés del no nacido en un "caso trágico y desafortunado".
