"Lo estamos pasando muy mal, estamos luchando por algo en lo que llevamos años trabajando. Las personas que estamos aquí vivimos situaciones complicadas e intentamos que quienes nos gobiernan entiendan que sus decisiones son un error, que se han equivocado". Carmen de la Rosa, presidenta de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Adansi), expresaba con estas palabras el sentir general de los colectivos de utilidad pública que trabajan en Asturias en el ámbito de los servicios sociales.

Setenta de ellos presentaron ayer en los registros de Presidencia del Principado y de la Junta General un manifiesto contra la mercantilización de los servicios sociales del Gobierno socialista de Javier Fernández. El acto estuvo apoyado por una concentración de integrantes de diferentes asociaciones. La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones que continuarán en las próximas semanas, por la decisión del Ejecutivo regional de abrir parte de los servicios sociales históricamente gestionados por las asociaciones a las empresas con ánimo de lucro.

Seis representantes del movimiento asociativo entregaron el texto en ambas sedes institucionales: Pedro Llaca, del Centro Don Orione, en representación de la discapacidad; Mariti Pereira Álvarez, del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (mujer); Loli Fernández, del Comité Antisida (salud); Noemí Rodríguez, de la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias (cooperación al desarrollo); Álvaro Granda, del Conceyu de Xixón (juventud); Jesús García Morán, de la asociación El Patiu (infancia) y Ramón Colunga, de El Albergue de Covadonga (exclusión). A la salida, todos ellos se repartieron la lectura del manifiesto.

La decisión de la Consejería de Bienestar, dice el texto, "ha producido un cambio profundo que altera el modelo de colaboración y de construcción de la red de servicios sociales y que tiene como eje conceptual el acceso al sistema de empresas 'con ánimo de lucro' más que las necesidades y derechos de las personas que atiende".

En opinión de los firmantes, la actual política socialista de contratación de los servicios sociales "amenaza la calidad de vida de los colectivos atendidos" y supone "un desmantelamiento progresivo del tercer sector y un debilitamiento del movimiento asociativo".

Juan José Roza, un "histórico" de la protesta social que acude desde hace año y medio todos los miércoles y megáfono en mano, calzado con madreñas, a protestar ante la Consejería de Bienestar, también estaba entre el grupo. "Tengo un hijo con una minusvalía del 80% que mi mujer y yo cuidamos 18 horas al día porque las otras seis las pasa en un centro ocupacional. Cobramos 23 euros al mes y en el centro ocupacional pagamos 36 euros. Y resulta que la ley de Dependencia no es compatible en mi caso porque mi hijo va a un centro y yo cobro 23 euros", explica. Su hijo padece una tosmoplasmosis congénita y tiene 32 años. "Seguiré peleando, es lo que toca", añade.

A la concentración asistió Daniel Ripa, secretario general de Podemos. "Nos sentimos identificados con las asociaciones, estamos contra la privatización de los servicios públicos. Nuestra obligación es respaldar a la gente ante tanto saqueo", declaró a LA NUEVA ESPAÑA.

Su presencia no gustó demasiado a algunas representantes de asociaciones, que temen que ante la llegada de la convocatoria electoral "los partidos políticos quieran hacerse la foto y utilizarnos, y nuestros problemas son muy serios y la protesta surge del movimiento asociativo". El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, también salió a la calle a saludar a los representantes de los colectivos.

Victoria Delgado, diputada regional del PP, por su parte, hizo público un comunicado sobre la licitación del servicio de transporte a la discapacidad en el que reclama al Principado que repare "los daños patrimoniales que, con su actuación, ha provocado a las entidades asturianas del tercer sector". Delgado no se pronuncia en contra de la convocatoria del concurso ni pide, como otros grupos políticos (Foro, IU y UPyD), su supresión, pero cree que "existen instrumentos suficientes para poder sufragar los perjuicios que se les ha ocasionado y que les han situado en una situación de mayor debilidad de la que ya se encontraban".

En su opinión, estas entidades sociales "prestan y han venido prestando servicios vitales para el sostenimiento y bienestar de los colectivos de las personas dependientes y que son más vulnerables".