La reforma de más calado desde el punto de vista jurídico del Papa Francisco hasta el momento. Así califica María José Villa, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Oviedo y canonista, el decreto motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" sobre la nulidad matrimonial que afecta a la Iglesia latina. El texto, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre, agiliza y abarata los procesos.
"No se produce una modificación del derecho sustantivo, es decir, no cambian las causas de nulidad, cambia el proceso, con la finalidad de agilizarlo; es una reforma procesal fruto, probablemente, de una preocupación papal por la situación de sufrimiento personal que se padece en una crisis matrimonial. Se trata de dar respuesta a esa situación agilizando los trámites y reduciendo los costes para que todo el mundo que así lo estime oportuno pueda recurrir a ello", afirma María José Villa.
El matrimonio canónico continúa siendo un sacramento indisoluble -no se discute, aunque puede resultar nulo- y las causas de nulidad, taxativas y recogidas en el Código de Derecho Canónico de 1983, continúan siendo las mismas. María José Villa no descarta que, en el futuro, puedan cambiarse, pero advierte que la Iglesia católica es una institución que tiene 2.000 años y legisla para cinco continentes "y no debe emprender reformas a la ligera, sino despacio y adaptadas al momento".
Uno de los aspectos de este decreto del Papa Francisco que le parece más interesante es el relacionado con el procedimiento de nulidad breve, siempre que la petición sea propuesta por ambos cónyuges o por uno de ellos, pero con el consenso del otro. "Resuelven un problema importante en un plazo máximo de un año. Un proceso de nulidad matrimonial es complejo porque las normas del Derecho Canónico son imperativas y llegar a la nulidad en un año con la certeza moral de que debe ser así es un avance importante con relación al derecho vigente", añade.
La canonista quiere detenerse en las circunstancias que pueden permitir el proceso breve, tales como la falta de fe que puede generar la simulación en el consenso o el error que determina la voluntad, la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto procurado para impedir la procreación, la obstinada permanencia en una relación extraconyugal en el momento de las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo, la ocultación de la esterilidad o de una enfermedad grave contagiosa, los hijos concebidos en una relación anterior que no se declaran, el embarazo imprevisto de la mujer, la violencia física o la locura.
"Creo que todas estas causas denotan que la Iglesia no está tan anclada en el pasado como a veces se dice", indica.
El documento recomienda la gratuidad de las tasas de las diócesis, pero no cita a los abogados, a quienes hay que abonar los servicios. En la actual legislación española existe el patrocinio gratuito para aquellas personas que demuestren no tener medios para iniciar el proceso, a las que no se cobra el 75% de las tasas y se les asigna un abogado de oficio.
En España, según estadísticas de la Iglesia, un proceso de nulidad matrimonial tarda unos dos años en resolverse, aunque María José Villa cree que es algo más. En otros países no es extraño que se alargue de cinco a seis años. La profesora no cree que agilizarlo y abaratarlo cuestione la importancia del sacramento. "En absoluto, creo sinceramente que hay un interés del Papa Francisco por evitar el sufrimiento que casi siempre conllevan estos procesos".
El acercamiento del Papa a los homosexuales, a los divorciados y a las mujeres que abortan son, en opinión de la canonista "gestos sociales, muestran su identificación con los problemas de la sociedad, con las personas; la reforma de la nulidad matrimonial va más allá, desde el punto de vista jurídico es la de más calado de Francisco", indica.
