Las nueve clínicas que la cadena Vitaldent tiene en Asturias pueden sumar unos 90.000 clientes (en torno a 10.000 cada una), según las estimaciones formuladas ayer por Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores (UCE-Asturias). Alonso explicó que, por el momento, la organización que preside ha recibido consultas de usuarios, pero no quejas por falta de atención sanitaria, desde que anteayer fueran detenidos trece responsables de la compañía por un presunto delito de fraude a la Hacienda pública y a los franquiciados. Siete de las nueve clínicas que funcionan en el Principado funcionan en régimen de franquicia. Las otras dos son propiedad de la matriz.
Dacio Alonso lanzó un mensaje preventivo a los clientes de este tipo de cadenas que eventualmente puedan verse perjudicados por este caso u otros similares. En el caso de que hayan costeado su tratamiento mediante financiación de la propia cadena, se trata de terapias vinculadas al servicio contratado, es decir, que "si el tratamiento se interrumpe tienen derecho a rescindir el contrato financiero, e incluso pueden plantearse, y UCE lo llevaría adelante, que se les devuelva desde el primer euro pagado". Todo ello, reitera el presidente de los consumidores, en el supuesto de que el tratamiento "haya sido financiado por la propia casa, algo distinto a si el crédito proviene de otra entidad". "Estamos dispuestos a que la gente nos llame, pero no conviene que cunda ningún pánico", apostilló Dacio Alonso.
El presidente de que UCE-Asturias no vaticina, a priori, graves problemas para las siete clínicas asturianas que trabajan en régimen de franquicia. "Que sepamos, son empresas independientes, aunque compartan marca, y suponemos que seguirán atendiendo a sus pacientes". Más difícil pueden tenerlo los dos centros propios de la matriz: "Veremos, pero es de suponer que para ellos tendrá consecuencias". Alonso vaticinó que al rótulo Vitaldent "le queda poco tiempo de vida" y que las franquicias "cambiarán de nombre".
Dacio Alonso cargó sin reservas contra "el modelo de la mercantilización de la salud", basado en "campañas de marketing agresivísimas y con financiación low cost". Asimismo, instó a los políticos a alcanzar "un pacto de Estado para ir incorporando de forma gradual la atención dental al catálogo de prestaciones del sistema sanitario público". "También es imprescindible una mayor actividad de inspección y control por parte de la agencia regional de consumo", apostilló.
Entre tanto, Vitaldent quiso ayer transmitir un mensaje de tranquilidad a sus pacientes al garantizar la continuidad de todos los tratamientos ya que -según la firma- sigue la actividad diaria de todas sus clínicas dentales "al margen" del proceso judicial abierto contra la cúpula de la compañía.
Así lo aseguró, en declaraciones a los periodistas, la portavoz de Vitaldent, Ana Caspistegui, en la puerta de la sede principal, situada en Las Rozas (Madrid). "Vamos a participar activamente con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos", enfatizó Caspistegui, quien reiteró que todas las clínicas están abiertas, "funcionando perfectamente" y atendiendo a todos los pacientes. La portavoz indicó que la empresa lleva 25 años trabajando con "los mejores productos y los mejores odontólogos que, por supuesto, están debidamente colegiados y debidamente homologados".
