El gobierno central y las comunidades autónomas socialistas y nacionalistas decidieron ayer retirar los recursos judiciales cruzados que mantenían a cuenta de las polémicas reválidas. "Es una muestra, un gesto de buena voluntad", aseguró el ministro Méndez de Vigo, quien añadió que las comunidades "harán lo propio" con sus acciones judiciales. En tono de humor, incluso se animó a añadir que se trata de una medida que "ayudará a los tribunales de Justicia".
Las reválidas nacieron torcidas. Las comunidades que la cuestionaban habían iniciado una batalla judicial al considerar que en un sistema de evaluación continua no tenía sentido que los alumnos "se la jugasen" en un examen; y además dejaba en mal lugar a los profesores, encargados de evaluar al alumnado. Algunas de esas comunidades se negaron a llevar a cabo los exámenes de reválida de primaria y esa fue la razón de las acciones judiciales del Ministerio. Asturias ha sido crítica con el modelo de la LOMCE, pero acató la ley sin poner traba alguna.
El PSOE se apunta el tanto
Quienes sí han sacado pecho del paso atrás del gobierno del PP con la ley educativa han sido los socialistas, que ven en la decisión un espaldarazo a su mensaje de que la abstención que permitió la investidura de Rajoy no implica un apoyo; al contrario, abre una etapa de oposición firme de los socialistas.
El portavoz de Educación socialista en el Senado, Francisco Menacho, afirmó que el acuerdo "ha supuesto el fin definitivo de las reválidas en el sistema educativo en España, tanto en Primaria como en Secundaria".
A su juicio, la decisión del Ministerio "no es una moratoria, sino la sustitución definitiva de las reválidas por una prueba de carácter muestral y sin valor académico que permite hacer un diagnóstico al final de cada etapa".
