La Plataforma de Docentes, Concertistas, Compositores e Investigadores recabará apoyos de fuera de la región para propiciar un cambio legislativo o, al menos, una aplicación flexible de la Ley de incompatibilidades de 1984. Una norma que impide que los profesores dependientes de la administración regional, básicamente los del Conservatorio de Oviedo, puedan dar conciertos en paralelo a su actividad docente.

El colectivo lleva dos años tratando de solventar, de manera infructuosa, con reuniones y conversaciones con los rectores de la Consejería de Educación y Cultura. "El proceso hasta ahora ha sido largo y a veces tedioso y aunque no ha sido fructífero hemos aprendido muchas cosas, además de haber escudriñado a fondo todas las posibles soluciones. Para resumirlo en una frase, necesitamos entrar a partir de ahora en otra fase bien diferente", señalan los portavoces de la plataforma, Francisco Jaime y Pantín, Manuel Paz y Alejandro Villar, en una circular remitida a sus miembros. Un escrito en el que les convocan a una asamblea, el próximo 16 de diciembre, en la que se concretará esa nueva fase de las reivindicaciones.

La plataforma, de hecho, es especialmente crítica con la Consejería, a quien achacan cierto inmovilismo ya que "no ha habido ningún movimiento o decisión que sea relevante", más allá de lo que consideran "una promesa incumplida": la redacción de un informe jurídico sobre la aplicación de la Ley de incompatibilidades que, afirman, "el consejero (Genaro Alonso) comprometió en la primera reunión".

Esta situación contrasta con el respaldo que la plataforma está obteniendo del grupo parlamentario de IU, a quienes agradecen su asesoramiento jurídico y que han sido, precisamente, quienes les ha sugerido "nacionalizar" la problemática: "que movilicemos todo lo posible a los colegas que ejercen en otras comunidades porque la solución definitiva está en cambiar la Ley de incompatibilidades, y para ello hay que llegar al parlamento nacional", sostienen. De momento, piden a sus miembros que contacten con colegas de otras regiones para armar esta estrategia y tener una posición más fuerte ante las administraciones.

Precisamente, uno de los principales argumentos de la plataforma para reivindicar esa flexibilización de la Ley reside en la aplicación que se hace de la norma en otras comunidades autónomas. "Según la opinión de la consejería en el resto de la comunidades están prevaricando todos. Porque en otros sitios no hay problemas", sostiene Manuel Paz. Una circunstancia que, a ojos de los docentes, demuestra que la flexibilización horaria puede ser una alternativa para que los docentes puedan participar a la vez en conciertos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de incompatibilidades. "Así se solucionó el asunto durante años, y se solucionó bien, sin problemas ni reclamaciones", precisa Paz.

Por otro lado, los miembros de la plataforma quieren incorporar a los titulados superiores de conservatorio, aunque no estén ejerciendo, como potenciales afectados, y estudian abrirla a otros profesionales que padecen problemas análogos. En concreto, se trata de los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que también encuentran cortapisas a su actividad fuera de la formación por culpa de esa misma ley, y a los que la Consejería de Educación y Cultura aplica similares argumentos jurídicos.