Diez años después del asesinato del alcalde de Fago (Huesca) y del terremoto mediático que le acompañó, los vecinos de este tranquilo rincón del Pirineo aragonés aún guardan un silencio en el que resuenan los ecos de un cruel crimen que estremeció a todos.

Un homicidio que mantiene desde entonces en prisión a Santiago Mainar, quien sigue defendiendo su inocencia desde una celda del penal cántabro de El Dueso pero absolutamente desanimado ante la práctica imposibilidad de una revisión de su caso, explica a EFE su hermana, Marisa.

Hace diez años, a últimas horas de la tarde del 12 de enero de 2007, un disparo de postas rompió el silencio que cubría la solitaria carretera que une las pequeñas aldeas de Majones y Fago y cerró para siempre los ojos de Miguel Grima, alcalde por el PP de esta última población desde 2003.

Grima había sido víctima de una emboscada al más puro estilo de los antiguos bandoleros, con una gran piedra colocada en una cerrada curva que le obligó a bajar del coche y ponerse al alcance del arma de su asesino.

A primeras horas de la mañana siguiente el cuerpo del alcalde fue hallado en un terraplén situado junto a la curva, y ya nada fue igual desde entonces para la veintena de vecinos de Fago, atónitos ante la presencia de decenas de periodistas y de equipos de televisión en sus calles y esquivos con las preguntas.

Pocos días después, los investigadores de la Guardia Civil comenzaron a estrechar un cerco en torno a un enemigo declarado de Grima, el guarda forestal Santiago Mainar, con el que mantenía continuos pleitos y disputas que ensombrecían hora a hora el carácter de éste.

Viejos amigos hasta que decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a Fago cargados de ilusiones y de proyectos, pronto se vieron inmersos en una enconada enemistad que les llevó a encabezar candidaturas municipales distintas (Mainar por el PSOE) y que vició, además, las relaciones entre los vecinos.

Unos vecinos que, además, se volvieron cada vez más huidizos y sombríos ante la prensa tras leer impactantes titulares que les convertían a todos en sospechosos.

Los recelos, la desconfianza y el temor derivaron entonces en un estricto pacto de silencio en torno al crimen y a las relaciones entre Grima y Mainar.

Tras la detención y sorprendente confesión torrencial de Mainar como presunto autor, el foco de la prensa se centró en el guarda forestal y dejó de ejercer presión sobre los vecinos, que poco más de un mes después elegían como alcalde a quien había sido teniente de alcaldía con Grima, Enrique Barcos.

Sin embargo, los hechos fueron puestos en cuestión ante el juez instructor del caso por Mainar, que se retractó de sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil para declararse inocente y presentarse como un redentor que había llevado a cabo su acción "por el bien del pueblo", como dijo en el juicio.

Las pruebas acumuladas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas los rastros de ADN hallados en el coche del alcalde, llevaron a la Audiencia de Huesca en diciembre de 2009 a imponer a Mainar una condena de 20 años y 9 meses de prisión, ratificada en octubre del año siguiente por el Tribunal Supremo.

El caso se dio entonces por cerrado, aunque en ámbitos judiciales y policiales nunca se dejó de sopesar la posibilidad de que el guarda hubiera tenido la ayuda cómplice de algún colaborador.

Santiago Mainar permaneció un tiempo en la cárcel de Zuera (Zaragoza) hasta su traslado definitivo al penal de El Dueso, donde, según su hermana, se encuentra desanimado ante una posible revisión de su caso.

En declaraciones a Efe, Marisa Mainar asegura que su hermano sigue insistiendo en su inocencia aunque prácticamente sin esperanza alguna de que cambie su situación en un futuro cercano, ya que la revisión de su caso exigiría la aparición de unas pruebas lo suficientemente de peso como para valorar esta posibilidad.

Mientras tanto, el guarda forestal sigue cumpliendo su condena sin beneficio penitenciario alguno al haberse negado a firmar un reconocimiento de culpa al ingresar en prisión, afirma su hermana, quien valora la atención y cuidados continuos que le prestan a su hermano los funcionarios del centro penitenciario de El Dueso.

Marisa Mainar se muestra convencida de que la presión mediática del caso favoreció la condena finalmente impuesta a su hermano.

En su opinión, "tras la detención no sólo se cerraron todas las líneas de investigación posibles sino que la presión social exigía no dejar fuera a ningún criminal".

Enrique Barcos, que continúa como alcalde de Fago, no ha podido ser contactado para la realización de esta crónica para responder a preguntas sobre las posibles secuelas del crimen en su población.