El Congreso de Estados Unidos ha dado un severo golpe a la privacidad de los usuarios de Internet. La cámara estadounidense acaba de aprobar un proyecto de ley que elimina las garantías de privacidad en la red impuestas por el expresidente Barack Obama y que permitirá a los proveedores de internet vender datos de sus usuarios, como los historiales de búsqueda o la localización.

El proyecto, que deberá refrendar en los próximos días el presidente, Donald Trump, revoca un reglamento que los demócratas habían redactado para la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) y que exigía a los proveedores obtener el permiso de sus usuarios antes de vender sus datos.

Los republicanos siempre consideraron ese reglamento como un exceso regulatorio y su norma permitirá a los proveedores como Verizon, Comcast y AT&T utilizar por defecto a sus usuarios para competir en pie de igualdad con Google y Facebook en el negocio publicitario en línea, que mueve 83.000 millones de dólares al año.

Estas compañías se habían opuesto a los intentos del Gobierno de Obama de proteger la privacidad de los usuarios y consideraban injusto que Google y Facebook se rigieran con normas diferentes a las suyas. Ahora lo han conseguido.

Defensores de la privacidad en línea como el director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, Jeffrey Chester, comentó al diario “The Washington Post” que con este proyecto “los estadounidenses no estarán nunca a salvo de tener sus datos personales sigilosamente examinados y vendidos al mejor postor”.

Las organizaciones que se oponen a esta barra libre para las grandes compañías subrayan que la ley las faculta para recopilar datos que pueden ser sensibles para la privacidad de los usuarios y, por tanto, pueden convertirse en un claro objetivo para los piratas informáticos. La experiencia, según estos críticos con la nueva normativa, es que no siempre las medidas de seguridad de sus servidores son efectivas. En 2015, Comcast, uno de esos proveedores de banda ancha, tuvo que pagar 33 millones de multa por liberar por accidente los números de clientes que habían pagado por tener su teléfono privado, incluidas víctimas de violencia machista.