A Richard Nixon le obsesionaba tanto la "inteligencia política" que creó su propia brigada secreta de ladrones y fisgones. Ello acarreó el "Watergate". Aquel maldito tramposo le pedía constantemente a Edgar J. Hoover, director del FBI, que hiciera el trabajo sucio de espiar y de vigilar, y cuando la actividad desplegada por este le resultaba insuficiente tenía a sus propios fontaneros dispuestos a todo.
Los inquilinos de la Casa Blanca nunca han aceptado del Buró Federal de Investigaciones la intromisión en su esfera más allá de la conveniencia del presidente de turno. Por ese motivo, muchas veces en diversos momentos de la historia se han producido roces y desafecciones. La dilatada etapa de Hoover al frente de la Oficina sirve de ejemplo de la complicada relación mantenida, pero nunca hasta James Comey se había producido de manera tan despótica y repentina una destitución en Washington.
Pocos casos en la memoria política de Estados Unidos son comparables en gravedad al cese inmediato del hombre que estaba investigando la connivencia entre la campaña presidencial de Trump y el Kremlin, algo que de probarse podría derivar en un delito de alta traición del primer ciudadano del país.
La primera explicación dada por los asesores del Presidente de que el fulminante cese se debió al mal manejo por parte de Comey de la investigación abierta a Hillary Clinton por el uso del servidor de correo electrónico privado resulta demasiado pueril para creérsela. Los rusos hasta la festejan con chistes. Con Comey fuera de cobertura, Trump puede elegir al hombre o mujer adecuados para cerrar una investigación que le compromete a él, a su carrera presidencial y a sus negocios. Por contra, equivale a un ataque premeditado y aterrador sobre el sistema de gobierno en Estados Unidos. Denota el desapego de la nueva Administración a la separación de poderes y es una peligrosa lección de impunidad para una democracia. Marcará posiblemente, según coinciden en señalar muchos analistas, el comienzo de una crisis constitucional. Y si no es así, el camino más desconcertante para lo que resta de Presidencia.
No es la primera vez en el mandato de Trump que la masacre del 20 de octubre de 1973 es traída a colación. Entonces, Nixon destituyó al fiscal especial que investigaba el "Watergate", Archibald Cox. Lo de Trump, con la perspectiva del tiempo, parece ser aún más inquietante. En aquella ocasión, el fiscal general, Elliot Richardson, y su adjunto, William Ruckelshaus, se negaron a cumplir la orden dictatorial de Nixon de fulminar a Cox. Ambos dimitieron. La prensa había interpretado el nombramiento de Richardson como un intento del presidente por controlar las investigaciones del escándalo. Pero éste era un republicano impecable de la Costa Este, sin credenciales nixonianas. La destitución de Cox tuvo que redactarla el procurador general.
Ahora en cambio, el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, se ha erigido como un actor principal del cese de Comey. Estrecho aliado político de Trump tuvo que inhibirse de la investigación sobre la conexión con Putin, por las reuniones mantenidas con Sergey Kislyak, embajador de Rusia en Washington. La recusación no le impidió a Sessions, sin embargo, promover el cese del director del FBI, que, como a su jefe, le resultaba incómodo.
