La Justicia acaba de pronunciar su última palabra en el enconado enfrentamiento que, en los tribunales, han mantenido el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, y el arqueólogo del Principado, Ángel Villa, sobre los trabajos realizados en el yacimiento castreño del Chao Samartín. Y los jueces ha dado la razón definitiva, sin margen para el recurso, al arqueólogo, frente a las pretensiones del regidor socialista del municipio grandalés.
En un auto emitido el pasado 18 de mayo, la Audiencia Provincial de Oviedo desestimó el último de los recursos interpuesto por el Alcalde contra una sentencia que, a su vez, desestimaba las acusaciones de prevaricación y fraude que Eustaquio Revilla lanzó contra el arqueólogo al servicio de la Consejería de Cultura. El auto ha puesto fin, de esta forma, a un proceso iniciado en 2014 en el que hasta en cuatro ocasiones se ha sobreseído la denuncia y sus correspondientes recursos de reforma.
En la denuncia presentada por Eustaquio Revilla, en calidad de alcalde de Grandas de Salime, se incluía un supuesto fraude, en relación con los expedientes tramitados por la Consejería de Cultura para la contratación de diversas actuaciones en el yacimiento arqueológico del Chao Samartín. Se aludía a las sospechas de la existencia de un posible pacto de los concurrentes a dichos contratos con el arqueólogo para verse favorecidos en su adjudicación, a raíz de sus vínculos personales.
La acusación incluía el elemento de la prevaricación, al referirse al fraccionamiento de un proyecto de 65.000 euros en varios contratos, supuestamente llevado a cabo para evitar las exigencias de publicidad y concurrencia. El arqueólogo llegó a ser llamado a declarar en calidad de imputado por el juzgado de instrucción. No obstante, los tribunales no han visto delito.
En este último auto se explica que procede desestimar el recurso ya que, después de estudiar los expedientes y entrevistar a los implicados, "no puede en modo alguno sostenerse que se hubiera procedido a un fraccionamiento ilegal de los contratos". En el caso del supuesto delito de fraude, el auto señala que "no existe indicio alguno de la comisión de este tipo delictivo", y que todo se basa en "meras conjeturas carentes de base fáctica". Tampoco consta la vinculación entre Ángel Villa y las empresas que resultaron adjudicatarias de los trabajos investigados.
El que se cierra ahora es tan sólo el último capítulo de una larga lista de acusaciones lanzadas desde el Consistorio contra el personal de Cultura, ambas instancias gobernadas por el PSOE. En 2010, se denunció a Villa ante la Consejería por actuaciones irregulares; en 2012 ante el juzgado de Castropol por expolio; en 2013 otra vez ante la Consejería, y ante el Seprona por supuestos vertidos ilegales y en 2014 ante la Inspección General de Servicios. El arqueólogo también tuvo que acceder al castro custodiado por la Guardia Civil después de que el Alcalde le negara el acceso.
