Los diputados de Unidos-Podemos se abstuvieron ayer en la votación en el Senado para ratificar el pacto estatal contra la violencia de género, que fue secundado y aprobado por el resto de partidos políticos. La portavoz de la formación morada en la comisión que abordó el pacto, la asturiana Sofía Castañón, asegura que su abstención fue un acto de "coherencia", después de que no se aceptaran varios de los votos particulares que habían emitido. El pasado lunes, Podemos sí votó a favor del informe final sobre los cambios legislativos que habrá de hacer el Gobierno para reforzar la protección a las mujeres maltratadas. Castañón criticó que las medidas incluidas en este pacto ni tienen calendario ni partida presupuestaria concreta y, por tanto, carecen de la garantía de ser ejecutadas.
El Senado también hizo ayer una petición al Gobierno para que las mujeres no sean acusadas de sustracción de menores en casos como el de Juana Rivas, la madre granadina que se encuentra en paradero desconocido junto a sus hijos, eludiendo la orden judicial que la obligaba a entregar a los niños a su ex marido y padre de los pequeños, Francesco Arcuri, ya condenado por maltrato y al que ha vuelto a denunciar. Sobre este caso habló ayer el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Hay que ponerse en el lugar de esta madre", afirmó. Ante el apoyo social que está recibiendo Rivas, el Presidente dijo: "A las personas conviene atenderlas y comprenderlas y luego está todo lo demás". Rajoy también habló sobre el pacto contra la violencia de género: "Quiero agradecer la disposición de todos los grupos políticos a la hora de acordar los términos de este pacto que les ofrecí en la sesión de investidura".
Con este pacto de Estado ratificado ayer en el Senado se busca dar prioridad a la seguridad de los menores y a las mujeres víctimas. Con estas medidas, que aún tienen que recibir el refrendo del Congreso y ser aplicadas por el Gobierno, se conseguirá, entre otras cosas, que los padres condenados por violencia de género no puedan ver a sus hijos. También, en estos casos, queda totalmente rescindida la custodia compartida, el régimen de visitas y, además, se prohiben las visitas de los niños a los padres en prisión.
Desacuerdos
Pero no todo fueron acuerdos ayer en el Senado. El voto en contra del PP consiguió rechazar que la prostitución y los vientres de alquiler fueran considerados como una forma de violencia de género, tal y cómo había pedido el PSOE, que contaba con el apoyo del resto de la oposición.
La senadora socialista Laura Berja argumentaba que la prostitución es uno de los tipos de violencia más "crueles" que puede sufrir una mujer, al afectar a su salud e integridad física y moral. Lo mismo opina el PSOE de la "explotación reproductiva" y la "violencia económica y patrimonial" que genera la gestación subrogada. El PP rechazó la propuesta socialista al considerar que debería ser tratada en otros ámbitos y no descartó trabajar para regular estas prácticas. La propuesta socialista derivaba de un nueva definición de violencia de género, siguiendo lo establecido por el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. En este convenio se considera violencia de género la trata de mujeres con finalidades sexuales, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, entre otras.
Acompañamiento
Entre las nuevas medidas aprobadas ayer, y con la finalidad única de ayudar a todas las mujeres, se desarrollará un plan de asesoramiento y un plan de acompañamiento para las víctimas, además de recibir la protección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante las veinticuatro horas del día. También se va a potenciar el plan de inserción laboral y social para las víctimas, estudiando el actual sistema de ayudas.
El pacto que ya tiene el visto bueno por parte del Senado, deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados. Será en septiembre de este mismo año, cuando se reanuden las sesiones de la Cámara Baja, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la opción de realizar votos particulares. Posteriormente, el Gobierno tendrá un plazo de cuatro meses para elaborar una ley que ponga en marcha estas medidas.
Tras la votación y a pesar de no estar de acuerdo en pequeños detalles, los miembros de la Comisión se han felicitado mutuamente y la presidenta, Susana Camarero de la comisión, del PP, les dio su "enhorabuena de corazón" antes de que todos comenzaran a aplaudir. Incluso la portavoz de Unidos-Podemos, a pesar de su abstención en la votación, Sofía Castañón quiso manifestar su entusiasmo por algo que calificó de "política feminista" pese a que finalmente se abstuvo.
