"¿Sabes cómo hacer llorar dos veces seguidas a una niña de cuatro años? Fácil, después de violarla te limpias la polla con su peluche favorito". Este es el comentario de Guillermo Muñoz que ha incendiado las redes sociales esta última semana. El "chiste" no es nada nuevo para quienes comulgan con este tipo de humor negro pero el contexto, las redes sociales, lo convirtió en una auténtica bomba de relojería. Su autor, un joven ovetense, ha sido denunciado por una treintena de asociaciones asturianas porque "hay cosas con las que no se puede bromear", sostienen. Pretenden crear precedente con esta denuncia y terminar con la impunidad de este tipo de comentarios en internet.
Para Muñoz sólo se trataba de "humor negro" y su fallo fue publicarlo en Facebook: "mi perfil está abierto y eso hizo que llegase a gente que se podía ofender con él". He aquí el error: las redes sociales no son la barra de un bar. Los comentarios son públicos, por mucho que el perfil sea privado o esté cerrado a un círculo reducido de amigos.
El caso del ovetense no es el único. Este mismo verano dos jóvenes colgaron una foto en Facebook en la que hacían el gesto de apuntarse con una pistola en la sien ante la pancarta, colgada en el Ayuntamiento de Oviedo, por el 20º Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en manos de ETA. "Hemos cometido un tremendo error y pedimos disculpas", aseguraron los implicados. La Fiscalía investiga los hechos.
La lista de ejemplos es larga. La Audiencia Nacional condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de prisión por 13 tuits sobre el almirante Carrero Blanco, asesinado por ETA. La justicia consideró que sus comentarios suponían un "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo".
El cantante de "Def con Dos", César Strawberry, también fue condenado a un año de cárcel por una serie de tuits en los que unía humor e ironía para hablar de los Grapo, ETA y la muerte de Carrero Blanco. El concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital española, Guillermo Zapata, se vio envuelto en un caso judicial por utilizar el humor negro en un comentario sobre Irene Villa, víctima de un atentado etarra. Todos los casos tienen algo en común: la falta de conciencia de que Twitter o Facebook son medios de difusión. Las redes sociales han difuminado la frontera entre lo público y lo privado. "La mayoría de las personas creen que lo que hacen en las redes sociales no pertenece a este mundo; se escudan detrás de un teléfono y no ven que todo lo que hay en las redes es susceptible de ser público", sostiene el especialista en medios sociales Rubén Llames. El presidente de la Asociación de Community Managers en Asturias advierte a los usuarios del error: "el hecho de tener configurado el perfil como privado, no significa que lo sea y, mucho menos, que esté fuera de la normativa vigente". Para Llames, "la gente piensa que no hay leyes en un medio digital". Pero las hay.
En los últimos años han aumentado el número de sentencias que condenan abusos en internet, según apunta el abogado experto en nuevas tecnologías Eneko Ariz. Las más comunes: denuncias por comentarios en páginas web, injurias en internet o personas que quieren borrar informaciones del pasado que ha prescrito; el conocido como "derecho al olvido". "Parece que se comienzan a establecer ciertos límites" añade el especialista en derecho de tecnologías de la información, Joaquín Cives: "Antes, en casos de comentarios ofensivos en internet solía prevalecer la libertad de expresión pero ahora se tiende a condenarlos". El letrado también observa más cambios: "hay sentencias por insultos en foros donde se ha ido contra el titular del foro y no contra el particular que lo escribió".
Responsabilizar al medio de difusión es la línea que sigue Alemania. El mes pasado aprobaron una ley -que entrará en vigor en octubre- para multar a las redes sociales que no eliminen mensajes de odio dentro de los plazos establecidos. La nueva Ley de Aplicación de Redes exige a las plataformas eliminar "contenidos manifiestamente delictivos" en un plazo de 24 horas. De no ser así, podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de euros.
"La ley española va por detrás de las nuevas tecnologías", sentencia la presidenta de la Asociación de Juezas de España, Gloria Poyatos. Recuerda casos como el de Olvido Hormigos, exconcejal del PSOE en Los Yébenes (Toledo). La difusión de mensajes de tipo sexual por parte de un examante sin el consentimiento de ella obligó a reformar el código penal para regular el llamado "sexting" (envío de imágenes sexuales por internet). Para Poyatos, los "delitos de nuevas tecnologías" están a la orden del día y el vertiginoso avance de internet "complica la aplicación del derecho". En cualquier caso, aclara, en internet no hay impunidad.
