Ahora faltan los mil millones de euros para pasar del papel a la realidad. El pacto de Estado contra la Violencia de Género recibió ayer el visto bueno de la mayoría del Congreso -con la abstención de Unidos Podemos y EH Bildu- y nació con las prevenciones de las asociaciones de mujeres y de los partidos de la oposición de que esas 213 medidas para atajar la violencia machista encuentren de manera inminente su reflejo económico en las próximas cuentas de la administración, cuando del Gobierno, como de las autonomías y los ayuntamientos. Esto ocurrió ayer, justo cuando una mujer volvía a ser asesinada en España. En este caso, un hombre de 33 años, vecino de Sestao, mató a puñaladas a su mujer, de 32 años, en la localidad vizcaína y luego se ha suicidó arrojándose al vacío desde su vivienda. Era la víctima número 38 en lo que va de año. Por estas mismas fechas, en 2016, habían muerto seis mujeres menos.
Ahora, tras la aprobación en el Congreso, el Ejecutivo de Rajoy tiene dos meses para trasladar el contenido a comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones. Y luego, todas las administraciones habrán consignar el dinero para hacerlas efectivas en seis meses. Son 1.000 millones en cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas, expresó su preocupación porque los 22 millones que corresponden al próximo ejercicio "queden en el aire" y por ello reclamó la aprobación de un crédito extraordinario en caso de que los presupuestos no salgan adelante.
Insuficiente
Podemos se abstuvo por considerar el pacto "insuficiente" y porque no veía garantías de cumplimiento presupuestario de las medidas. La diputada asturiana Sofía Fernández Castañón, una de sus portavoces, justificó la abstención porque el pacto "es de mínimos, no es feminista y no soluciona el problema".
Las asociaciones de mujeres aplaudieron la aprobación, pero con críticas a Podemos. La presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, se mostró "triste" por la abstención de la formación de Pablo Iglesias. "Es bueno que el mensaje a los violentos sea unánime". Ve "poco comprensible" que la formación morada se haya abstenido cuando se trata de un "acuerdo de mínimos".
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también recibió con "pena" la abstención de Podemos. Aunque entiende "una parte de las razones", como que "la lucha contra la violencia de género exige mayores esfuerzos", considera que este pacto "merece la unanimidad". En cualquier caso, ha pedido considerarlo "una llamada de atención" y "no darle mayor importancia". A partir de ahora, según precisó Soleto, se abre un periodo en el que hay que "exigir al Ejecutivo que sea diligente en la puesta en marcha de las medidas aprobadas". Más crítica se mostró la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo. "Faltan muchísimas cosas", declaró y subrayó que los 1.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno para ponerlo en marcha durante cinco años suponen "una gota en el océano de la violencia machista". También se mostró preocupada por la posibilidad de que los maltratadores puedan seguir teniendo la custodia compartida de los hijos hasta que haya una sentencia condenatoria y calificó de "ridícula" la pensión que puede recibir una madre a la que le han matado a sus hijos por venganza. "Estoy defraudada con el pacto", concluyó.
En cuanto a las reacciones de los partidos, la diputada socialista Ángeles Álvarez recordó al Ejecutivo del PP que para desarrollar el pacto "no cabe una gestión relajada, ni recortes de fondos" y propuso habilitar un crédito extraordinario no inferior a un quinto del presupuesto de los mil millones previstos para cinco años, si los presupuestos para el año que viene se prorrogan.
Desde el PP, Carmen Dueñas apostó por demostrar la unanimidad del Parlamento contra esta violencia y reprochó la postura de Podemos "por apropiarse" de la lucha feminista y la defensa de derechos de las mujeres. Patricia Reyes, de Ciudadanos, reclamó al Gobierno que destine de "manera efectiva y eficiente" el dinero preciso para desarrollar las medidas que propone el Parlamento.
Nueva definición
La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas del Pacto. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. El resto de medidas son preventivas y judiciales en su mayoría, como la supresión del atenuante de confesión y la de la reparación del daño; un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.
El Pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención.
Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de este tipo de violencia de género en los acontecimientos deportivos es otra de las iniciativas.
