El informe que servirá de base a la futura ley estatal contra el consumo de alcohol en menores propone incorporar sanciones para los padres de los niños o adolescentes que beban alcohol. Además, en caso de reincidencia o de que se observe negligencia por parte de los progenitores, podrían verse obligados participar, con los chicos, en actividades reeducativas.
Esta propuesta es la medida más novedosa de un informe que contempla además el endurecimiento de las sanciones a locales y comercios que vendan alcohol a menores, la prohibición de venta y consumo de alcohol en la calle -excepción hecha de terrazas y áreas autorizadas-, la limitación de la publicidad y una revisión de los impuestos especiales para que estén en consonancia con el grado de alcohol puro de las bebidas. Unas propuestas que persiguen, por un lado, retrasar la edad efectiva de iniciación en el consumo de alcohol hasta los 18 años, y por otro incrementar la percepción social del riesgo de estas prácticas.
La incorporación de un régimen sancionador dirigido a los padres se debe a la necesidad de garantizar la protección de los menores. Por ello, la orientación punitiva se dirige a las personas, físicas y jurídicas, mayores de edad que permitan o fomenten el consumo de alcohol entre niños y adolescentes. Esto conecta con el endurecimiento de las sanciones a locales y comercios que vendan alcohol a menores, que en caso de ser reiteradas pueden llevar al cierre del establecimiento. También se prevé limitar los posibles canales de venta de alcohol, prohibiéndola en gasolineras y reforzando la vigilancia en fiestas de arraigo cultural o eventos de dispensación gratuita, además de prohibir las "happy hour" en los locales.
En cuanto a la publicidad de bebidas alcohólicas, se propone limitar su presencia en vías públicas, marcando perímetros en torno a los lugares frecuentados por menores, y en televisión, suprimiéndola del horario infantil. También se contempla incorporar advertencias sanitarias en el etiquetado, como se hace con el tabaco.
El documento, que ya ha sido validado por el Senado y está a la espera de ser aprobado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, servirá de base a una ley cuya redacción podría completarse este mismo año. Así lo aseguró ayer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que confía en obtener un "gran consenso social" para aprobar la norma.
De momento, la propuesta de imponer medidas sancionadoras a los progenitores o tutores ha provocado un rechazo inmediato entre distintos colectivos, porque "no soluciona el problema", y abogan por campañas de formación y concienciación. Clara Díaz, presidenta de la asociación de padres Manuel Virgós, incidió en que castigar a los padres porque los hijos beban es "desproporcionado". Añadió que "la educación se enseña en casa, pero la bebida está en la calle y la juventud también. Prohibir y multar es mucho más fácil que educar y concienciar, pero no soluciona los problemas".
El coordinador del área II de Alcohólicos Anónimos en Asturias se expresó en términos similares. "Lo que hay que hacer es invertir en campañas formativas en los colegios e institutos con los niños y con los padres. A los primeros, explicándoles las consecuencias de consumir alcohol, y a los segundos para que sepan cómo prevenir que sus hijos beban y, si ya tienen el problema, cómo afrontarlo y atajarlo". En su opinión, "los padres se tienen que responsabilizar, pero el método sancionador es inútil, no se adelanta nada con este tipo de medidas".
