La Audiencia Provincial de Navarra reclamó en diversas ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigase por sus retrasos y por determinadas decisiones al juez Ricardo González, el miembro del tribunal que juzgó "la Manada" y que emitió un voto particular pidiendo la absolución los cinco sevillanos que forzaron a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016. De corroborar actuaciones anómalas, la investigación habría derivado en la inhabilitación del juez. La petición al órgano de gobierno de los jueces se desveló después de que el ministro de Justicia, el popular Rafael Catalá, sembrase la duda sobre la capacidad del magistrado en una entrevista radiofónica en la que afirmó que, en el ámbito judicial navarro, "todos saben" que Ricardo González "tiene un problema singular".

Las declaraciones de Catalá levantaron ampollas entre la judicatura, donde se exige la dimisión del ministro por unas palabras "temerarias" que ponen en entredicho la independencia judicial, toda vez que además de aludir a esos eventuales problemas del magistrado, Catalá también criticó lo que entiende como inacción del Consejo General del Poder Judicial . "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo (General del Poder Judicial) no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", declaró el ministro.

Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ, se apresuró ayer a responder a Catalá asegurando que "no había ningún motivo" para tomar medidas contra el magistrado antes del juicio de "la Manada". "El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado Gonzalez", afirmó Fernández, en declaraciones a cadenas de televisión.

Pero la Audiencia Provincial de Navarra, precisa el diario "El País", sí que había solicitado, tanto al CGPJ como al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral, diversas inspecciones al magistrado tanto por algunas decisiones controvertidas como por sus reiteradas dilaciones al dictar sentencia.

De hecho, Ricardo González fue sancionado en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones desde los años 90 del pasado siglo, principalmente en causas de divorcio y separación. De esas cuatro sanciones, una se debió a la demora injustificada, de 28 meses, en dictar sentencia por un caso de divorcio que se resolvió en el año 2000. Este retraso motivó que el juez fuese sancionado por el CGPJ con seis meses de suspensión en 2001, en una resolución ratificada por el Tribunal Supremo en 2003. En la sentencia del Supremo se constata que la Comisión Disciplinaria del CGPJ había incoado expediente a González, en el año 2000.

Además de estas cuatro sanciones, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra solicitó en 2008 iniciar el procedimiento de jubilación por incapacidad del magistrado, que llevaba más de un año de baja por causas que no han trascendido. El CGPJ señala, no obstante, que Ricardo González no fue expedientado ni sancionado en los últimos cuatro años.

Dudas sobre la idoneidad

Las revelaciones sobre el historial de sanciones del magistrado discrepante y las críticas de Rafael Catalá han sembrado dudas sobre la idoneidad de Ricardo González -cuya actitud hacia la víctima de "la Manada" ya había sido muy criticada durante el proceso judicial-, para juzgar delitos de violencia machista. Unas suspicacias que comparte la asociación de mujeres juristas "Themis", que considera "inaceptable" el voto particular de González pidiendo la absolución de "la Manada", como también sus argumentaciones en la sentencia, que consideran que contiene "expresiones vejatorias hacia la víctima".

Las sospechas de juzgar bajo un sesgo de género salpicaron también a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que tratará los recursos del caso. Un tribunal que, en sus últimos nueve casos de delitos de abuso o agresión sexual no agravó las condenas, y en una de las causas absolvió a los condenados por abusar sexualmente de una mujer con una leve discapacidad.