El Gobierno ha incumplido su compromiso de financiar el pacto de Estado contra la violencia de género apenas cuatro meses después de su aprobación. Esa es la denuncia que hace el movimiento feminista asturiano, que ha convocado para el próximo 16 de mayo una serie de concentraciones ante los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés para protestar por un recorte de 120 millones en los Presupuestos Generales del Estado sobre los 200 millones anunciados para la primera anualidad del plan.
"Es una auténtica burla", afirma Eva Irazu, portavoz de la Plataforma Feminista d'Asturies, convocante de esta protesta. Irazu critica la realidad de las cifras presupuestarias en contraste con las manifestaciones que los políticos hicieron en favor de las mujeres en la huelga del pasado 8-M. "Todos se pusieron muchos lazos morados pero para que dejen de matarnos y violarnos hacen falta recursos y no están cumpliendo lo prometido", afirma. Desde la Plataforma se indica que "la sentencia del juicio de la violación en los sanfermines ("la Manada") y la gran respuesta feminista y social contra ella, muestran la importancia de la primera atención a la víctima en los servicios municipales y autonómicos, que es a los que el Proyecto de Presupuestos Generales niega 120 millones de los 200 acordados en el Pacto de Estado contra la violencia de género".
Más voluntad
Esta organización feminista añade que "la necesidad de hacer prevención y atención a la violación y las agresiones sexuales fuera de la pareja como violencia machista, tanto judicial como socialmente, requiere más voluntad y presupuestos públicos". Las integrantes de este colectivo feminista hablan de "reducción drástica" de los fondos prometidos inicialmente: "los 200 millones acordados, que aun siendo insuficientes servirían para responder a parte de las 213 medidas del Pacto, acaban de ser reducidos a la mínima expresión, esto supone un desprecio absoluto hacia las mujeres".
La Plataforma Feminista d'Asturies convocó ayer una manifestación en la plaza de la Escandalera de Oviedo para protestar por "la revictimización judicial de las mujeres violadas, que se produce no sólo en el caso de la Manada, sino en la mayoría de casos de violación".
También criticaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su presidente, Carlos Lesmes, "por sacar comunicados defendiendo al sistema judicial, mientras incumplen sus obligaciones de formar adecuadamente a jueces y juezas en perspectiva de género".
Reacciones
Las reacciones a la sentencia de "la Manada" alcanzaron ayer el ámbito internacional. La coordinadora ejecutiva de ONU Mujeres para el acoso sexual, Purna Sen, indicó que esta decisión judicial "subestima la gravedad" del delito y supone un incumplimiento de las "obligaciones claras" que existen para que se respeten los derechos de las mujeres. Además, el pleno del Parlamento Europeo decidió introducir ayer en el orden del día un punto de debate sobre la definición en los Estados miembros del delito de violación según el Convenio de Estambul. La eurodiputada de Podemos, la asturiana Tania González, fue encargada de proponer el debate. Defendió que todos los Estados miembros de la UE deberían adaptar la definición de violación del Convenio de Estambul (que España ha ratificado pero no implementado) y que establece que "todo acto sexual sin consentimiento es violación".
