Por primera vez, el Congreso de los Diputados debate una propuesta para despenalizar la eutanasia con posibilidades reales de prosperar. En el día de hoy, el pleno del Congreso debatirá la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para reformar del artículo 143.4 del Código Penal. Una propuesta que, a priori, cuenta con el apoyo de todos los grupos de la cámara salvo el PP y el UPN, que votarán en contra, y Ciudadanos, que ha anunciado su abstención.

La reforma del Código Penal exoneraría de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave. En la actualidad, el Código Penal prevé penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Pero una regulación efectiva de la eutanasia requeriría de otras modificaciones legislativas, y el Congreso tiene actualmente una proposición de ley en este sentido, presentada por el PSOE. Un documento que anticipa un modelo análogo al que está en vigor en Bélgica, donde se permite el suicidio asistido en casos muy determinados y se excluye a los menores y a los discapacitados.

Sergio Gallego, presidente de la Comisión asesora de Bioética del Principado de Asturias, remarca las diferencias de este modelo con el de países como Holanda. "A expensas de estudiar el proyecto en profundidad, parece un modelo similar al belga, que contempla la eutanasia para los casos de enfermedad terminal y para situación de discapacidad física relacionadas con causas neurológicas. Pero no se puede hacer en nombre de niños ni de discapacitados", sostiene.

La diferencia con la legislación de Holanda reside, precisamente, en la posibilidad de aprobar la eutanasia de otro: "El modelo holandés permite el consentimiento por representación, pero en este proyecto no se permite que alguien pueda decidir por otra persona", explica Gallego.

En Europa, continúa el experto, son pocos países los que permiten en suicidio asistido. Además de Bélgica y Holanda, apenas Luxemburgo y Suiza lo han regulado, aunque en el país helvético se permite la ayuda siempre que no se trate de actos necesarios para consumar el suicidio. En los Estados Unidos, por su parte, estados como Florida, Virginia u Oregón también cuentan con regulación sobre la materia, aunque el modelo americano, precisa Gallego, no se parece al europeo y permite únicamente supuestos muy concretos.

Muerte digna

El debate en el Congreso de los Diputados para despenalizar la eutanasia coincide con la tramitación, en la Junta General del Principado de Asturias, del proyecto de ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida. "No llega regular la eutanasia. Se trata de la prestación a la sedación y a los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor... las decisiones en el final de la vida. Pero no llega en ningún caso a modificar el Código Penal. Ese es un paso que va más allá", explica Gallego.

Hay de hecho grupos como Podemos que reclaman al gobierno regional que centre sus esfuerzos en lograr la reforma del Código Penal para lograr una regulación efectiva de la eutanasia. Una posición que ha sido respondida desde el PSOE recordando que esa competencia es del Congreso de los Diputados y que a la Junta, en todo caso, lo que le corresponde es regular las cuestiones relacionadas "con la forma en que se mueren los asturianos, con las instrucciones previas, los testamentos vitales y la posibilidad de disponer, con carácter universal, de tratamientos paliativos".