La totalidad de la Conferencia Episcopal chilena, los 34 obispos que dirigen la Iglesia en el país latinoamericano, presentaron ayer su renuncia al Papa Francisco, después de que el Sumo Pontífice los pusiera contra las cuerdas por ocultar casos de abusos sexuales durante décadas. La renuncia colectiva deja al Papa las manos libres para acometer una renovación en profundidad de la Iglesia en Chile, y aunque está en manos de Bergoglio la decisión final sobre si acepta o no el cese de cada uno de los obispos, es de esperar que la crisis se salde con al menos catorce sustituciones en la jerarquía de la Iglesia chilena: la de los obispos directamente implicados en el encubrimiento.
El detonante es el conocido como "caso Barros": la constatación de que el obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, encubrió los abusos a menores cometidos por el párroco Fernando Karadima, desoyendo además a las víctimas. Barros, que fue nombrado obispo de Osorno por el propio Francisco en 2015, se formó a la sombra de Karadima en la iglesia de El Bosque, en Santiago.
Tras constatar la veracidad de las denuncias y el encubrimiento sistemático de la jerarquía eclesiástica chilena, Francisco reclamó la presencia en el Vaticano de la totalidad de los obispos chilenos, que llegaron a la Península Itálica este martes, para una cumbre. Durante un total de cuatro reuniones, el Papa hizo ver a los obispos la necesidad de tomar medidas severas. Finalmente, ayer los 34 obispos anunciaron su renuncia: "Hemos puesto nuestros cargos en manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno", afirmaron.
Además de Barros, se da por segura la sustitución de Horacio Valenzuela, obispo de Talca; Tomislav Koljatic, obispo de Linares; y de Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago. Todos ellos se formaron con Karadima en El Bosque, y participaron del encubrimiento de los abusos, cometidos principalmente en las décadas de 1980 y 1990 y por los cuales el religioso fue declarado culpable de pedofilia y efebofilia en un proceso canónico en 2011. La renuncia de los 34 obispos chilenos sume a la Iglesia del país latinoamericano en una crisis sin precedentes, y sus repercusiones globales están aún por ver.
Desde Asturias, la crisis se ve con cautela. El Arzobispado de Oviedo ha rehusado comentar el caso, al menos hasta que el Papa tome una decisión sobre el destino de los obispos chilenos. Otros miembros de la jerarquía eclesiástica, contactados por este periódico, guardan también silencio.
El historiador y sacerdote Francisco Javier Fernández Conde, que mantiene contactos con la Iglesia chilena, no duda que la situación es de una gravedad inédita. "Es terrible, pero todo lo relacionado con el abuso de menores es muy penoso, sean sacerdotes o no, y hay que cortarlo de raíz. Francisco es muy riguroso con este tema, siempre quiere ir a la raíz de estos casos, y si tras reunirse con los obispos vio que esta, la de obligarles a dimitir, era la única salida, estoy de acuerdo con su juicio", sostiene.
El sacerdote ha viajado varias veces a Chile, donde Las Pelayas fundaron un monasterio benedictino en 1983, e incluso conoce a varios obispos, incluido Barros. "Quedé consternado. Pero hay que precisar que no es que los 34 sean culpables: es una decisión que obedece a la sensibilización de los obispos ante el problema. Ahora hay que ver lo que decide el Papa, y hay que seguirlo con atención porque es un conflicto grave para la vida de la Iglesia", sentencia.
Sobre si la crisis chilena puede ser un reflejo de ciertas divisiones dentro de la Iglesia, entre las posturas progresistas del Papa y ciertos sectores conservadores, Fernández Conde considera que "puede ser un indicio de que la manera de ver las cosas del Papa y las de los obispos es distinta". No obstante, precisa que la decisión de solicitar la renuncia de toda la cúpula eclesiástica chilena obedece a su deseo de atajar el problema de raíz: "Al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic Karmelic, arzobispo de Rancagua, le conozco bien y no es un obispo conservador".
