El Pacto de Estado contra la violencia machista contará con los 200 millones de euros anuales, que se habían acordado en el momento que se firmó, el pasado mes de septiembre. "Cuando sales a la calle en año electoral se consiguen las cosas", asegura Jessica Castaño, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. Cree que las concentraciones del pasado miércoles en muchas ciudades de toda España han sido decisivas para conseguir la financiación necesaria para desbloquear la situación y empezar a trabajar contra la lacra de la violencia machista.
Todos los partidos políticos han aprobado por unanimidad ayer un acuerdo para que los 120 millones comprometidos para las comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado se incluyan en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2018. Esta partida destinará 100 millones a las provincias y 20 a los ayuntamientos, tal como se habían firmado en el pacto pero no se contemplaba en los presupuestos hasta ahora. Sí figuraban los 80 millones de euros de las administraciones estatales. La financiación de las autonomías es una medida que socialistas y otros grupos de la oposición venían pidiendo desde que se presentaron las cuentas, el pasado mes de abril.
Consecuencias
"Sin ese dinero las provincias no podrían invertir en formación o prevención del maltrato", sostiene la portavoz socialista en Madrid, Natalia González. Cree que el Partido Popular ha cambiado el rumbo porque "se han quedado solos". Los populares, en cambio, interpretan esta nueva circunstancia como una "negociación y ampliación" de las partidas para la lucha contra la violencia machista y no como un "cambio de planes", tal como explica la diputada del PP por Asturias, Susana López Ares.
El Gobierno defendió estas últimas semanas que las provincias debían aportar el dinero de sus propios recursos y que, para ello, podrían utilizar los 4.300 millones que obtendrían de más con respecto a 2017. Una partida contemplada en la financiación autonómica, procedente de un remanente de recaudación.
De los 120 millones de las autonomías, dependen propuestas educativas como incluir en todas las etapas de la enseñanza prevención de la violencia de género o la realización de talleres sobre educación emocional o sexual. Esta partida también sustenta medidas como la mejora de la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios. En el caso asturiano, los núcleos rurales eran los grandes perjudicados ante la falta de financiación, tal como destacó a la LA NUEVA ESPAÑA, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto: "Tienen mayores dificultades para denunciar y para recibir formación".
Las asociaciones feministas celebran el cumplimiento del pacto en materia económica. "Estamos muy satisfechas porque esta dotación era muy necesaria para llevar a cabo medidas contra el maltrato en Asturias", comenta Castaño. Las mujeres de la asociación que preside acudieron a las concentraciones de Oviedo y Gijón el pasado 16 de mayo para pedir más financiación contra la lacra machista. "Se ha impuesto la cordura y la razón", ha recalcado la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
Este acuerdo en el Congreso para restablecer la partida de 200 millones de euros del Pacto, pisa la enmienda firmada el jueves pasado por varios grupos políticos, a excepción de PSOE y Podemos, para inyectar 50 millones de euros más a la lucha contra el maltrato.
Además de la inyección económica, el Pacto comienzan a poner en marcha otras medidas. Ayer mismo se inició un debate para aumentar las pensiones de los huérfanos de la violencia de género, una de los puntos contemplados en este documento. De igual manera, la comisión de seguimiento, encargada de controlar la correcta ejecución del Pacto, ya está marcha.
