Las asociaciones feministas asturianas reciben con "esperanza" y "cautela", a partes iguales, al nuevo gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez. Le exigen poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras nueve meses de su aprobación.
"Atentas y vigilantes" se encuentran las integrantes de la Plataforma Feminista Asturiana. Su presidenta, Eva Irazu, es "prudente", aunque ve una buena disposición en el gobierno socialista a través de gestos como la recuperación del Ministerio de Igualdad, que anunció ayer el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Las asturianas ven en el gobierno "un nuevo aliado", aunque su exigencia sigue siendo la misma: "es urgente poner en marcha las medidas del Pacto". Así lo manifestó ayer Jessica Castaño, presidente de las Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.
Con el cambio de gobierno, a Sánchez, le toca poner en marcha el Pacto de Estado, tras aprobarse en mayo la incorporación de una partida de 200 millones para llevarlo a cabo en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El tiempo apremia porque, desde la aprobación de las medidas el pasado mes de septiembre, el proyecto está en punto muerto.
Los socialistas han sido muy críticos con el hecho de que ninguna de las 214 medidas que se contemplan en el Pacto se haya puesto en marcha. De hecho, pusieron en marcha una comisión de seguimiento para controlar qué puntos de este documento llegaban a término.
Natalia González, diputada socialista en el Congreso por Asturias, prefiere no adelantar demasiados datos sobre el rumbo que tomará el partido pero, asegura, que lucharán por los derechos de las mujeres. "Como muestra de ello, el gobierno será paritario y recupera el Ministerio de Igualdad", comenta.
Por su parte, Susana López Ares, diputada popular en el Congreso por Asturias, no cree que un gobierno apueste más por las políticas feministas por crear un ministerio: "una cosa es la imagen y que pretendes dar y otra, las medidas que pones en marcha".
Dentro de las medidas contempladas en el Pacto de Estado, el gobierno del PP tenía previsto aprobar "próximamente" la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral del año 2014. Con este cambio se pretende, entre otras cosas, suspender el régimen de visitas a los progenitores que cumplen condena por violencia de género.
El programa electoral del PSOE de junio de 2016 ya contemplaba algunas medidas para paliar la lacra machista como la supresión del régimen de visitas o la publicación de la lista de maltratadores con sentencia firme.
Con los presupuestos en el aire, las reivindicaciones son otras: "Hay que renovar la Constitución con perspectiva de género", apunta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
