El Poder Judicial admite fallos de inspección tras el caso de Mari Luz y anuncia reformas

El juez que tardó tres años en dictar condena contra Santiago del Valle por abusos a su propia hija también será investigado por el CGPJ

 
El presidente andaluz, Manuel Chaves, conversa con Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, durante un encuentro celebrado la tarde del pasado lunes en Huelva.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, conversa con Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, durante un encuentro celebrado la tarde del pasado lunes en Huelva. 

Madrid, Agencias


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admitió ayer fallos en los criterios de inspección que supervisa, ya que hasta ahora cuando un inspector llega a un Juzgado sólo revisa un 10 por ciento de las causas, de forma aleatoria. El CGPJ anunció reformas en el sistema y busca que en dicha inspección no quede fuera ningún asunto importante, como ocurrió con Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés, la niña de 5 años asesinada en Huelva y cuya muerte ha desatado un escándalo en el mundo judicial por los errores en cadena que permitieron que el asesino se librase de varias condenas por pederastia y abusos sexuales, incluso a su propia hija.


El portavoz del CGPJ, Enrique López, confirmó que la investigación iniciada sobre el caso de Mari Luz se extenderá también al magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Javier González, que fue el ponente de la sentencia que confirmó la condena a dos años y nueve meses de cárcel impuesta a Del Valle por abusos a su hija. Javier González, del que se investiga la comisión de una presunta falta de dilación, tardó casi tres años en dictar la sentencia que conformaba la condena de Del Valle.


De este modo, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se reunirá con carácter extraordinario el próximo lunes para decidir si adopta alguna medida contra los jueces Rafael Tirado y Javier González.


En el caso de Tirado, el servicio de Inspección podría apreciar una falta muy grave de desatención, que puede ser castigada con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial, o una falta grave por retrasos injustificados, que acarrea una multa de hasta 3.000 euros. En la actuación de González, por su parte, podría observarse una falta grave por dilaciones.

Responsabilidad política

El sindicato CSI-CSIF, mayoritario en la administración de Justicia andaluza, apuntó, por su parte, que la culpa de la libertad del presunto asesino es, «en última instancia, política», por mantener un sistema «incapaz de actuar con unas garantías mínimas». El portavoz del sindicato, Rosendo Martínez, aseguró ayer que «no han fallado las personas, ha fallado el sistema», por lo que ha pedido que no se busque «una cabeza de turco» que «pueda silenciar, al menos de momento, la búsqueda de otro tipo de responsabilidades».

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