Madrid / Jaén, Efe
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido de sus funciones por un año a la titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Úbeda (Jaén), María Dolores Barragán, por abusar de su condición al precintar un establecimiento en el que había comprado un perfume que no le gustó.
La juez entró el pasado mes de abril en un establecimiento de Úbeda para comprarse un perfume. Se lo llevó, pero decidió devolverlo porque le pareció que ya no olía bien y que podía ser falso. La dependienta de la tienda le advirtió de que no podían devolverle el dinero, puesto que el perfume ya había sido utilizado en buena parte. Pero ante las presiones de la clienta, que se identificó como juez, la chica que la atendió se vio obligada a reintegrarle el importe del perfume.
Según ha asegurado la dependienta, la juez la amenazó con las palabras «me lo vais a cambiar sí o sí». Además amenazó con precintar el local por la posible venta de productos falsos.
A pesar de que le reintegraron el dinero, la juez no quedó satisfecha. Al día siguiente, María Dolores Barragán, que estaba de guardia, cumplió su amenaza y envió a la Policía Local a precintar la sección de perfumería del Autoservicio Katty. Y fue más allá. Los agentes recibieron también órdenes de precintar otro establecimiento del mismo propietario, ubicado en una calle diferente. El precintado se prolongó durante una semana.
Durante este tiempo, el dueño de las perfumerías y la dependienta que atendió a la juez aseguran haber pasado un «auténtico calvario», dada la dificultad para emprender acciones legales contra una juez del pueblo. «Tuvimos que estar a base de pastillas, y todo por la impotencia de ver cómo la juez abusaba de su autoridad sin ninguna razón», asegura aún nervioso Domingo Expósito, el propietario de los establecimientos precintados.
Ante estos hechos, el pleno del CGPJ ha acordado el traslado forzoso de la magistrada a un órgano distante a más de cien kilómetros y le ha prohibido concursar a alguna plaza durante un año.
El Consejo considera a la juez autora de dos faltas muy graves de «abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales» y por «inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas».
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