Oviedo, Luján PALACIOS
Eric Dekairelle, el belga que supuestamente estafó con una red de vehículos de lujo a más de 80 personas en Asturias en los años noventa, se enfrenta a un total de 15 años de prisión y a multas de hasta 1.250.000 euros por un delito continuado de estafa o apropiación indebida, dos delitos contra la Hacienda pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Asimismo, la fiscalía reclama para su presunta cómplice, M. M. F. B., la pena de siete años de prisión por un delito de estafa o apropiación indebida.
Eric el belga será juzgado a finales de este mes en la Audiencia Provincial, más de diez años después de destaparse un caso que alcanzó una gran notoriedad en Asturias. Dekairelle fue acusado en 1995 de ser el presunto responsable de un delito de falsedad documental, delito fiscal y estafa en la venta de coches de lujo. Dekairelle estuvo un tiempo en paradero desconocido, pero se entregó posteriormente de forma voluntaria en los Juzgados de Mieres. El belga denunció a la empresa que le suministraba los coches como responsable.
Al importador se le acusó en su día de haber incurrido en un supuesto delito de estafa, puesto que más de 80 clientes de la firma que él regentaba en Mieres, Ges Inter, Principado, S. L., abonaron el importe del vehículo que adquirieron a través de dicha empresa intermediaria sin que los coches llegasen nunca a manos de los compradores.
Este caso fue también investigado en Bruselas, donde se detectaron supuestas actividades fraudulentas por parte de la firma Diteren Mail, de la que Eric Dekairelle obtenía el suministro de la mayor parte de los vehículos destinados a su venta en España.
El fiscal considera que procede imponer a Dekairelle las penas de nueve años de prisión mayor por el delito continuado de estafa o apropiación indebida; dos años de prisión menor y multa de 636.716 euros, por un primer delito contra la Hacienda Pública y otros dos años de prisión menor y multa de 618.859 euros por un segundo delito también contra Hacienda y dos años de prisión menor y multa de 1.300 euros por el delito continuado de falsedad en documento mercantil. La fiscalía también reclama que se le retire la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
Para su supuesta cómplice, el ministerio fiscal pide siete años de prisión por un delito continuado de estafa o apropiación indebida.
El caso será juzgado a finales de este mes en un juicio para el que hay señaladas siete sesiones, con la comparecencia de más de un centenar de testigos. Ambos deberán enfrentarse, además de las penas que solicita el fiscal para ellos, a un total de quince acusaciones particulares y a la acusación del abogado del Estado.
El juicio comenzará el próximo día 19 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.