Oviedo, L. Á. VEGA
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo juzgará el próximo miércoles a un joven ovetense de 29 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales R. M. A., como presunto autor de un delito de corrupción de menores, relacionado con la tenencia y distribución de imágenes de pornografía infantil. El ministerio público solicita una pena de cuatro años de cárcel para el acusado, que carece de antecedentes penales.
El joven fue detenido después de que se presentase una denuncia ante las fuerzas de seguridad en Ciudad Real en marzo de 2007. Un internauta que se había bajado un archivo a través del programa e-Mule se encontró con que en el interior había imágenes de menores incursos en actividades sexuales humillantes y de gran dureza, tanto con mayores de edad como entre ellos. Ante la gravedad de las imágenes, el internauta decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades, que abrieron una investigación.
Los agentes rastrearon el origen del archivo y dieron con el ovetense, que tenía en su ordenador cuatro archivos, con un millar de imágenes pornográficas, algunas de ellas espeluznantes. El hecho de que se le acuse de distribución de pornografía infantil se debe a que, siempre según el ministerio público, era consciente de que sus archivos con imágenes de menores estaban a disposición del resto de los usuarios del programa e-Mule y que, de hecho, estaban siendo distribuidos.
De no haber sido consciente de que estaba distribuyendo esos archivos, se le habría considerado simplemente autor de un delito de tenencia de material pornográfico infantil, que lleva aparejada una pena de un año de prisión. La gravedad de la pena que se solicita viene determinada por la edad de los niños que aparecen en las imágenes, que son menores de 13 años.
La defensa del acusado, a cargo del letrado ovetense David Mayo Álvarez, solicita en principio la libre absolución de su defendido, al entender que no era consciente de que estuviese distribuyendo los archivos pornográficos. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que el acusado se declare autor de los hechos y de que el fiscal reduzca la pena a dos años de prisión o menos, de forma que el joven no se vea obligado a ingresar en prisión, al tratarse de su primer delito.