Oviedo, L. Á. VEGA
Nuevo golpe policial a la inmigración ilegal en Asturias. El Cuerpo Nacional de Policía ha concluido la «Operación Fauno», una investigación contra la inmigración ilegal que se ha saldado con más de una decena de detenidos, según señalaron fuentes policiales, que no han ofrecido muchos más datos sobre los resultados. El Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y el Jefe Superior de Policía, Baldomero Araújo, informarán más en profundidad de este importante operativo a mediodía de hoy.
Entre los arrestados se encuentran varios ciudadanos españoles y senegaleses, según resaltaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Aunque la operación se desarrolló en varias provincias españolas, el grueso de las detenciones se practicó en la región.
Es inevitable referirse al otro gran éxito de la policía asturiana en materia de inmigración ilegal. Se trata de la «Operación Dragón», que permitió la detención de una veintena de integrantes de una red de inmigración ilegal china que operaba tanto en Oviedo como en Gijón.
Entre otros delitos, los miembros de la red recientemente desmantelada en Asturias habrían incurrido en fraude, como la trama de la «Operación Dragón», que se dedicaba a falsificar permisos de trabajo y cobraba a los inmigrantes ilegales cantidades importantes de dinero. A los ahora detenidos se les imputan además, según fuentes policiales, delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal.
La comunidad senegalesa de residentes en Asturias ha recibido con cierta preocupación la noticia de las detenciones practicadas por la Policía. Personas cercanas a este colectivo indicaron que los senegaleses que viven y trabajan en la región quieren desmarcarse de la forma más rotunda de este tipo de actividades que sólo perjudican su imagen y dificultan su futuro.
El fiscal pide penas que suman 114 años de cárcel para los 19 encausados de la «operación Dragón», a quienes se acusa de introducir en el país a 130 ciudadanos chinos a través de contratos de trabajo falsos con los que conseguían permisos de residencia. Entre los implicados hay ocho ciudadanos chinos, así como responsables de consultorías, gestorías y comercios de Oviedo y Gijón. La red cobraba a los ciudadanos chinos entre 2.000 y 4.000 euros. El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial.
