Oviedo, L. PALACIOS
La Policía Nacional ha desarticulado en Asturias una red de empresas «buzón» (ficticias) constituidas a instancias de los cuatro miembros de una familia que llegaron a defraudar cerca de 2 millones de euros a la Seguridad Social tras ofrecer supuestos contratos de trabajo a inmigrantes para regularizar su situación en España. Al frente de las empresas, constituidas legalmente por los hijos del cabecilla de la red, relacionados con el mundo del derecho, se situaba como administradores o testaferros a indigentes y personas con escasos recursos económicos captadas en comedores sociales o incluso cuando dormían en el interior de cajeros automáticos.
En total han sido 15 las personas detenidas a las que se les imputan delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos de insolvencia punible, falsedad documental, delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España.
El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y el jefe superior de Policía de Asturias, Baldomero Araujo, fueron los encargados de presentar en rueda de prensa la denominada «operación Fauno», cuya investigación dio comienzo en mayo de 2006, tras la denuncia de un ciudadano senegalés que aseguraba que había abonado una cantidad de dinero a cambio de una oferta de trabajo para acogerse al proceso de normalización abierto en 2005.
Según explicó Araujo, los responsables de la organización, cuyo principal dirigente se encuentra en prisión cumpliendo condena por estafa y que supuestamente aprovechaba sus permisos penitenciarios para dirigirla, constituían empresas ficticias, principalmente del sector de la construcción que carecían de actividad real y que únicamente se limitaban a presentar las ofertas de trabajo a los inmigrantes.
Los estafadores llegaron a constituir doce empresas ubicadas en las ciudades de Oviedo, Madrid, Toledo y Zaragoza. En cuanto a los detenidos, nueve de ellos fueron arrestados en Oviedo, cinco en Madrid y una mujer en Castellón. Asimismo fue imputada otra persona en Oviedo por delitos contra la Hacienda pública y asociación ilícita, según indicó el jefe de la Policía.
Cada inmigrante captado por la red tenía que abonar entre 800 y 2.500 euros por realizar estos trámites, y la red les exigía una parte al recibir la oferta y otra al conseguir su regularización. La Policía calcula que por este procedimiento pudieron tramitarse 441 ofertas de trabajo fraudulentas, si bien sólo 151 fueron finalmente efectivas. Los beneficios obtenidos alcanzaban la cantidad de 352.800 euros.
El jefe superior de Policía, Baldomero Araujo, indicó que ahora la Policía estudiará «caso por caso» la situación de los inmigrantes, y la Seguridad Social anulará de oficio los períodos de cotización logrados mediante los contratos suscritos con las empresas inexistentes, por lo que las víctimas de esta estafa, por lo tanto, perderán todos los derechos que hubieran contraído en ese tiempo.
Antonio Trevín felicitó a la Policía Nacional por la operación desarrollada, que ha sido «de gran complejidad» ya que todo el proceso de tramitación de documentación laboral estaba revestido de los formalismos que marca la vigente ley de Extranjería aunque, en realidad, era un procedimiento viciado desde el principio.
