Pontevedra, E. P.

Lo mató porque no le devolvía su juguete. La justicia ha dictado sentencia sobre el caso conocido como «el crimen de la Playstation». La Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, condenó a quince años de prisión a Juan Ramón González Agrasar por un delito de homicidio, tras matar a su amigo porque no le devolvía algunas pertenencias que le había prestado, entre ellas una videoconsola.

El condenado deberá indemnizar a los familiares de la víctima, Marcos Muñiz, con las sumas de 200.000 euros para el hijo menor de edad y 20.000 euros para cada uno de sus progenitores. Además, el tribunal le ha impuesto el pago de las costas procesales, incluida la acusación particular.

El jurado popular encontró culpable a González Agrasar de haber matado a su amigo porque éste no le devolvía algunos objetos de su propiedad: entre los objetos reclamados se encontraba una videoconsola Playstation que le había prestado. También pretendía la devolución de 400 euros.

En la sentencia se consideran «hechos probados» que el acusado, de 25 años y vecino del pueblo de Cambados, tras un forcejeo, acuchilló a su amigo cuando acudió a su casa para exigirle la restitución de los objetos reclamados. Una vez perpetrado el crimen, se deshizo de los dos cuchillos y cambió su ropa ensangrentada por otra limpia, antes de ser detenido por la Guardia Civil.

El jurado, por unanimidad, declaró «no probado» que el acusado acuchillase a Marcos Muñiz cuando éste se encontraba «totalmente indefenso y sin capacidad de reacción». Tampoco aceptó que le hubiese clavado el cuchillo «para defenderse de la agresión de éste».

Del testimonio «claro, preciso y concluyente, sin ambages ni contradicciones internas», el jurado formó su convicción acerca de la forma en cómo se desarrollaron los hechos según la declaración de la madre de la víctima. La madre de Marcos Muñiz fue la única persona que durante la vista oral aseguró haber visto cómo el acusado acuchillaba a su hijo.

La sentencia recoge el valor de los informes de los forenses que descartaban que la muerte hubiese sido accidental. También se rechazó que el acusado hubiese actuado bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.