La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional con ramificaciones en España dedicada a la explotación sexual y laboral de ciudadanos paraguayos, en la que ha detenido a trece personas, cuatro de ellas en Oviedo, tres en San Feliu de Llobregat y una en Molins de Rei (Barcelona), dos en Madrid y tres en Cuenca.

Las trece personas, todas ellas de nacionalidad paraguaya menos una que es de León, formaban parte de esta organización criminal.

Se trata de la "operación Calabozo", que, según ha explicado hoy en Mieres el delegado de Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, ha sido desarrollada por el Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y ha tenido una duración de cinco meses, y en la que se ha analizado numerosa documentación.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo.

Por la complejidad de la red y sus "extensas ramificaciones" también han intervenido el Grupo I de la Unidad Central de Redes y Falsedades Documentales (UCRIF), el Grupo III de la UCRIF de Barcelona, y brigadas de Extranjería y Fronteras de Lanzarote, Albacete y Cuenca.

La investigación se inició a partir de una información que llegó de forma confidencial a la Jefatura Superior del Policía de Asturias, en la que se apuntaba la existencia de un grupo de personas de nacionalidad paraguaya que podía estar dedicándose a explotar laboral y sexualmente a compatriotas suyos en Oviedo.

Se comprobó que estas personas sólo eran una de las cédulas integradas en "una compleja red trasnacional" con ramificaciones en otras provincias españolas como Barcelona, Madrid y Cuenca.

La forma de actuar de la organización era la habitual que emplea este tipo de redes criminales.

Tras la selección de las personas que querían viajar a España para trabajar, la red les facilitaba la llegada al país, previa adquisición de una deuda económica que rondaba los 4.400 euros.

Previamente, y para garantizar que este pago iba a ser efectivo, debían hipotecar los escasos bienes que tuvieran, bien ellos mismos o sus familiares más directos.

Posteriormente, la red les facilitaba los pasajes de avión y la bolsa de viaje.

Bajo la apariencia de un grupo perfectamente organizado y compuesto por unas treinta personas en viaje turístico con guía turístico incluido, entraban en un país de los últimos en incorporarse al Territorio Schengen, con una baja presión migratoria.

Una vez dentro del país, el hasta ese momento "guía turístico" comenzaba a distribuir a los "turistas" en diversos vuelos interiores con destino a España.

Muchas de las personas afectadas fueron desviadas a Barcelona, donde eran recibidas por un miembro de la organización que a su vez les enviaba a Oviedo.

Una vez en Asturias, les buscaban un empleo en un establecimiento de alterne ejerciendo la prostitución y otras personas fueron destinadas al empleo doméstico.

Asimismo, se les indicaba que el pago de la deuda debía realizarse en mensualidades de 500 euros, que debían ser ingresados en una cuenta corriente de una determinada entidad bancaria.

En caso contrario, les amenazaban con quedarse con los bienes que habían hipotecado en su país.

Por este procedimiento, la organización podría haber estado introduciendo una media de tres a cinco personas por semana en Asturias, lo cual haría un total anual de entre 162 y 270 inmigrantes.

Precisamente, la segunda línea de investigación se centra en determinar el tiempo que llevan realizando estas prácticas ilegales.

A los trece detenidos se les imputa delitos contra los ciudadanos extranjeros, delitos contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita.

Entre los efectos intervenidos destacan ordenadores personales, facturas, resguardos de ingresos bancarios, extractos de movimientos, cuadrantes, contabilidad de la red y documentación que implica a numerosos miembros de la organización.

Desde el inicio del año, la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha llevado a cabo, contando estas últimas, 34 detenciones de personas relacionadas con redes criminales dedicadas a favorecer la inmigración ilegal. EFE