Oviedo,

Félix VALLINA

Las prejubilaciones en Hunosa fueron las que lo echaron a pique y las que provocaron una situación por la que ahora le piden cinco años de prisión, el pago de las costas del juicio y el abono de un paquete de indemnizaciones que suman más de un millón de euros. Ése fue el argumento esgrimido ayer durante el juicio por el agente de seguros de Mieres que se presentó ante el juez acusado de haberse apropiado -entre los años 1998 y 2003 y en calidad de administrador de la agencia Asemfi, S. L.- del importe de primas por valor de 1.330.923,21 euros de La Estrella y Catalana Occidente, muchas de ellas supuestamente abonadas por trabajadores de Hunosa. V. F. G. asegura que él no se quedó con el dinero y que el importe que le reclaman las aseguradoras «se generó porque los trabajadores que se iban retirando dejaban de pagar una vez que abandonaban la empresa y no había forma de localizarles en ningún sitio».

La versión de V. F. G. es la siguiente: «Yo cobraba los recibos de Hunosa para La Estrella, pero no lo hacía personalmente. La empresa iba descontándoles a los trabajadores el importe de las pólizas mensualmente y me lo daba a mí para que yo lo enviase a la aseguradora. No hubo ningún problema hasta que comenzaron las prejubilaciones, pero a partir de ese momento llegaron a retirarse hasta 2.500 personas al mes y dejaron de pagar», justificó el acusado, que añadió: «Es más, me debían ellos a mí hasta 80 millones de pesetas (480.809,68) porque yo pagaba a la aseguradora por ellos para que no me quitasen la cartera porque ganaba mucho dinero al año».

V. F. G. -que dice que las aseguradoras aún le deben 240.000 euros- también aseguró durante la vista que en su día firmó el reconocimiento de la deuda porque lo obligaron. «Me dijeron que si no lo hacía no cobraría todo lo que yo estaba pagando y que además perdería el negocio. Me pusieron una pistola en la cabeza en sentido figurado», aseguró el acusado.

Por su parte, los representantes legales de las aseguradoras se esmeraron en dejar claro que el acusado no se dirigió en ningún momento a las empresas para comunicarles que no estaba ingresando los recibos de los prejubilados. «Si lo hubiera dicho se habría solucionado todo, se habrían anulado las pólizas que no se pagaban y ya está», explicó uno de los trabajadores de Catalana Occidente que ayer declaró en el juicio. «Nunca recibimos incidencias de cobro», subrayó.

El fiscal -que elevó a definitivas sus conclusiones y sigue pidiendo 5 años de cárcel para el acusado- considera que V. F. G. decidió apoderarse del importe de las primas que cobraba de La Estrella «con el propósito de obtener un lucro ilícito a costa de la aseguradora». Así, el ministerio público aseguró que el acusado incorporó a su propio patrimonio las que percibió en septiembre de 1998 y las mensualidades cobradas a lo largo de 2001, un montante global de 1.137.473,88 euros. Simultáneamente, desde octubre de 1998, el acusado desempeñó además el cargo de mediador en seguros en la localidad de Mieres para la entidad Multinacional Aseguradora (integrada después en Seguros Catalana Occidente, S. A.), encargándose del cobro de las pólizas de automóvil que los empleados de las empresas Hunosa y Minas de Figaredo tenían concertadas con esa sociedad. Durante el período en que el acusado actuó como mediador para esa entidad -desde octubre de 1998 hasta junio de 2000- «hizo suyo el importe de las primas que cobró», por un importe total de 193.449,33 euros, cantidad que incorporó a su patrimonio según sostiene el fiscal.

«¿Qué hubiera pasado si un trabajador hubiese sufrido un accidente?», se preguntó el fiscal, que añadió: ¿Por qué no reclamó los 240.000 euros que dice que le debían las aseguradoras? Podría haber disfrutado de los caballos de carreras que se dice que se compraba», subrayó.